CONCEPCION (Telmo Ibáñez, corresponsal). Los pocos ambientalistas que se ocupan del avance de la deforestación y, por ende, del sacrificio masivo de las últimas reservas del primer departamento aseguran que las sanciones son muy benignas para los infractores de los delitos contra el ambiente. Los mercaderes de los recursos naturales tienen, en la mayoría de los casos, el apoyo “incondicional” de políticos, autoridades locales, departamentales y nacionales, así como toda una rosca que se ocupa de extorsionar, chantajear o presionar a fiscales y jueces.
La mayoría de los planes de uso de la tierra, de manejo y aprovechamiento forestal, no tienen un control riguroso. Las fiscalizaciones se realizan desde las oficinas y no son adecuadas, ni periódicas ni permanentes. Una prueba elocuente de ello constituyen los reiterados casos de tráfico ilegal de rollos de madera o madera procesada en los mismos lugares de explotación que se registran en eventuales controles de fiscales.


SIN DOCUMENTACION

En varios casos, los conductores que transportan la madera viajan sin los documentos de rigor, o bien lo hacen sin la totalidad de los respaldos legales. Sin embargo, apenas caen en los controles fiscales, lo comunican a sus patrones, y estos llegan cargados de grandes cantidades de guías forestales capaces de cubrir centenares de cargas.
Todo esto ocurre ante la complicidad de los fiscales; del Ministerio Público, del Servicio Forestal Nacional, de la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM), de la Gobernación departamental, para el posterior blanqueo de los jueces.


IMPUTADAS

En lo que va del año, solo entre noviembre y diciembre se encuentran imputadas 39 personas, de las cuales 36 lo están por tráfico de rollos de madera, y las restantes, 3 por tala indiscriminada e ilegal de árboles. En estos procedimientos fueron incautados 4 camiones, un tractor, 280 m3 de madera, motosierras y campamentos de los deforestadores.
Un alto porcentaje de los imputados por cometer delitos contra el medio ambiente no llegan a un juicio oral debido a que, si reciben condenas, apelan a las medidas sustitutivas, que consisten en el resarcimiento de daños causados, muchas veces irreversibles.

Además, los condenados generalmente son meros choferes, testaferros de potentados madereros o simples taladores subcontratados por terceras personas. Es común escuchar en los pasillos de los juzgados y fiscalías las insistentes llamadas telefónicas de influyentes políticos y autoridades para recomendar el blanqueo de sonados casos de delitos contra el medio ambiente.