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El 7 de junio pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió someter el proceso de la jueza Máxima Meza de Maldonado a estudio de sanción.
Previamente, la jueza de Ciudad del Este estuvo bajo investigación, oportunidad en que presentó los documentos que consideraba pertinentes para deslindar responsabilidades
La carpeta presentada por el jueza Máxima Meza de Maldonado no fue suficiente para evitar indicios de responsabilidad en la denuncia de corrupción presentada por la abogada Teresa Flecha.
Ante esta circunstancia, el Jurado de Magistrados resolvió someterla a proceso y el 7 de junio decidió “declarar la cuestión de puro derecho y llamar autos para sentencia”.
Máxima Meza de Maldonado no será citada a declarar ante el pleno del jurado, que determinará la sanción por mayoría de votos de sus integrantes.
El proceso que afecta a la jueza incluye en el mismo expediente al juez Manuel Saifildin Stanley, de Capiatá.
Ambos están involucrados en el fraude que montó Enrique Sarubbi quién en octubre de 2014 ganó una demanda que planteó contra su suegro, Francisco Feliciano Duarte, quien murió en junio de 2000.
El juez Manuel Saifildin Stanley declaró “rebelde” al muerto y entregó la finca 483 a Enrique Sarubbi.
Sarubbi inició una acción de interdicto y la jueza Máxima Meza de Maldonado le concedió la posesión de la finca 531 de Minga Guazú.
En el caso también intervino la fiscala Arminda Rivas, quien se encuentra bajo proceso del Jurado de Magistrados; se resolvió suspenderla en el ejercicio del Ministerio Público.
En Ciudad del Este el nombre del senador Óscar González Daher se asocia con la protección que recibe la cuestionada jueza en el Jurado de Magistrados.
En la acción de interdicto de la jueza se autorizó a Enrique Sarubbi a tomar posesión de un inmueble localizado en Minga Guazú, propiedad de HB Inmobiliaria.
Ingresó en la finca el 19 de febrero de 2015 y el 16 de diciembre fue desalojado por la Policía Nacional.
roque@abc.com.py