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El supuesto daño patrimonial detectado por la Contraloría General de la República (CGR) por G. 886 millones corresponden a los rubros de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Hasta el momento no hay imputados en este caso a pesar de que la investigación lleva más de dos años. La excusa es la escasa cantidad de peritos en el Ministerio Público para poder avanzar en la pesquisa.
En el 2015, el exintendente interino Wilfrido Figueredo firmó contratos con SICAM construcciones, representado por Simón Candia. Las obras fueron pagadas en 2016, bajo el mandato de Juan Carlos Matto.
Según CGR, se constataron sobrefacturaciones de materiales de construcción y falta de ejecución en algunos rubros por G. 57 millones, en las escuelas San Vicente Ferrer y Virgen del Rosario y en el colegio Defensores del Chaco.
En 2014 y 2015, el exintendente Martín Muñoz suscribió tres contratos con el Ing. Walter Santos Báez por G. 396 millones para la “Coordinación, planificación, elaboración y evaluación de las documentaciones para el Reordenamiento Catastral de los inmuebles de la zona urbana de Atyrá”. En el informe se menciona que los trabajos realizados no tienen valor económico alguno, ya que no se tienen productos que demuestran que se haya aportado al fortalecimiento catastral del municipio.
Asimismo, se detectó malversación porque fueron utilizados G. 132 millones del Fonacide, rubro que debe ser utilizado exclusivamente para mejoras de la educación pública. También se reportan pagos por proyectos de inversión por G. 300 millones de royalties, Fonacide y otros al arquitecto Miguel Ángel Candia en calles peatonales, polideportivos y obras en instituciones educativas que no fueron hechas.