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Según los antecedentes, el pedido de intervención obedece a una denuncia presentada por usuarios de la Junta contra los anteriores y actuales administradores Cecilio Zenén Garay y Mario Héctor Mereles por malversación, despilfarro y desvío de los ingresos por pago del servicio del agua potable.
Estas denuncias hechas por los usuarios fueron confirmadas por una auditoría externa realizada a la gestión del ex presidente de la institución Cecilio Zenén Garay. Asimismo, se confirma con la revisión contable realizada por auditores del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). Estos documentos obran en poder del Senasa.
Fueron nombradas por el Ejecutivo como interventoras la doctora María Teresa Squinini de Medina y la licenciada Rosalba Silva. Esta última habría tenido a su cargo este mismo año la revisión contable realizada a la gestión del presidente actual de la junta, Mario Héctor Mereles, actualmente destituido transitoriamente de sus funciones.
La interventora Squinini de Medina explicó a los usuarios presentes ayer que la intervención se hará en forma transitoria en un plazo de 60 días y que la administración, operación y la conducción de la institución estarán a cargo de los interventores.