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La denuncia formal contra la administración del intendente de Santa Rosa del Aguaray, Mario Benítez (ANR), fue presentada por la coordinadora multisectorial denominada “Rebelión del pueblo”, tanto ante el Ministerio Público como la Contraloría General de la República. Aseguran que desde el año 2011 hasta inicios de este año no hay obras que justifiquen el uso de más de G. 10.000 millones que manejó el jefe comunal.
En el caso del Ministerio Público, la investigación está a cargo de los fiscales Martín Cabrera y Carlomagno II Alvarenga. El intendente Benítez, en una nota remitida a los fiscales Martín Cabrera y Carlomagno II Alvarenga, indica que no puede cumplir con el requerimiento de entrega de documentos porque fueron solicitados por la Contraloría General de la República.
El escrito lleva la firma del abogado Antonio Bernal Casco, quien ejerce la representación del jefe comunal.
Otra nota fechada el 26 de noviembre y enviada al contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, indica que no podrá remitir los documentos requeridos porque fueron solicitados por el Ministerio Público. Lleva la firma del intendente, Mario Benítez, quien pide una prórroga de diez días para cumplir con el pedido.
La CGR realizó un examen especial de la administración de Benítez y solicitó los documentos para elaborar el descargo antes de emitir el informe final del control. Con el pedido de prórroga se está dilatando la emisión del resultado de la auditoría.
Antecedente
En enero de este año, pobladores de este distrito formaron una coordinadora multisectorial denominada “Rebelión del pueblo” para concienciar a la ciudadanía y denunciar hechos de corrupción de sus autoridades. La organización está compuesta por un grupo de políticos, movimientos sociales y representantes de la Iglesia Católica.
El empresario y político colorado, Pedro Cabañas, el liberal Luis Salas y el sacerdote Cristian Paiva encabezaron una comisión que impulsó la campaña contra la administración de Benítez denominada: “¿Dónde esta la plata?”
“Nos preguntamos dónde está la plata del Fonacide y de los royalties, los ingresos genuinos de la Comuna, pues en el distrito existe solo un por ciento de inversión pública y el 99 por ciento es inversión privada”, expresó en ese entonces Cabañas.
Agregó que en la coordinadora exigen que el intendente demuestre de manera fehaciente el destino de unos G. 10.131.764.772, que son los que estiman ingresaron a la Comuna desde el 2011 hasta inicios de 2014.
El intendente, al ser consultado sobre la nota enviada por su abogado a los representantes del Ministerio Público, indicó que debe ser una de las tantas enviadas en el marco de una investigación que realizan los fiscales Cabrera y Alvarenga. Al preguntarle cómo explica que otro escrito con el mismo tenor remitió a la CGR, respondió con incoherencias.
Indicó además que está siendo víctima de una persecución y resaltó que él es el intendente que más obras realizó en el departamento de San Pedro. Al concluir, dijo que él no tiene malas intenciones.