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Cuatro ediles están imputados por desacato a una orden judicial. González afirma que todas la resoluciones de la Junta son nulas.
El jefe comunal dijo que la intervención de la Junta está amparada en el artículo 165 de la Constitución Nacional, que establece como uno de los causales para dicha acción, la desintegración de la Junta Municipal que imposibilite su funcionamiento.
En ese sentido, explica que desde abril del 2016 la Junta ha dejado de funcionar normalmente por “falta de armonía” de sus miembros.
Argumentó además que en forma repentina el presidente del colegiado, Francisco Guillén, cambió los días de sesión de sábado a jueves a las 08:00, imposibilitando a dos concejales docentes que participen de las reuniones.
Después, Guillén, el 12 de mayo del 2016 destituyó a los dos ediles liberales del movimiento llanista: Bernardo Rojas y Norma Elizabeth Cáceres de Ruiz, por ausencias no justificadas a cuatro sesiones consecutivas.
El 21 de julio hizo jurar a los suplentes Luis Jara y Gladys Ruiz Díaz de Benítez, liberales efrainistas, en presencia de los titulares, quienes de inmediato plantearon una acción de nulidad de los actos de destitución y posterior juramento, ante la Justicia Electoral.
Tribunal los reintegra
El 14 de diciembre del 2016 el Tribunal Electoral conformado por los magistrados Alejandro Herrera, Gilberto Aníbal Meza y Gladys Lahaye, emitieron la sentencia 41/16 en que hacen lugar a la demanda y ordenan la inmediata reincorporación de los ediles Rojas y Cáceres en sus respectivas bancas en el legislativo municipal.
La jueza electoral de Caacupé, Teresita Martínez, fue la encargada de hacer cumplir la disposición judicial de reposición de los ediles mencionados, en la sesión del 2 de marzo del 2017.
Sin embargo, el presidente de la Junta Municipal, Guillén, y los concejales María Celina Ortega (ANR), Luis Jara Martínez (PLRA) y Gladys Ruiz Díaz de Benítez (PLRA) no cumplieron con la sentencia judicial, por lo cual nuevamente fueron denunciados. El agente fiscal Daniel Benítez los imputó por desacato y por tal motivo se encuentran con medidas alternativas, mientras continúa el proceso.
A causa de aquella situación el intendente Jacinto González afirmó que todas la resoluciones emanadas de la Junta Municipal desde el 12 de mayo del 2016, fecha de la destitución de los concejales Bernardo Rojas y Norma Cáceres, incluido el pedido de intervención de la Municipalidad, son nulas de nulidad absoluta.
El jefe comunal afirma que toda la actuación irregular de Guillén como presidente de la Junta tenía el único objetivo de lograr la mayoría absoluta para plantear la intervención de la municipalidad, aunque para ello tenga que violar leyes electorales y sentencias judiciales.
Por su parte, Guillén se mostró sorprendido por el pedido realizado por intendente González y dijo que no le temía a una intervención porque no tienen nada que ocultar. En cambio, tanto Jacinto González como su hermano César (ex intendente) le tienen terror a una intervención, expresó.
Agregó que ambos están procesados por lesión de confianza, estafa y otros, por irregularidades cometidas supuestamente en la administración municipal.