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El concejal Jorge Duarte (ANR) se comunicó a las 00:45 de ayer con la Prefectura Naval de Ayolas para informar la presencia de embarcaciones en una zona prohibida del vertedero central de la Entidad Binacional Yacyretá, zona vedada para la pesca como indica la Ley 1378/92, que declara reserva ictícola el área comprendida entre los 3.000 metros aguas arriba y 3.000 metros aguas abajo de la presa.
Según el edil, había al menos 15 embarcaciones en la zona prohibida, a la cual los pescadores van en busca del dorado a pesar de la prohibición legal, el peligro que representa el lugar y de que EBY paga para el cuidado del sitio.
Lo llamativo del caso es que la denuncia no fue registrada en el libro de novedades del puesto militar, a pesar de que la llamada fue atendida por el suboficial Adán Martínez; es por ello que Duarte acudió hasta la sede de la Prefectura y constató que en el cuaderno de registros no estaba su queja.
El suboficial Rubén Meza, al ser consultado sobre la denuncia intentó desmentir que existiera el llamado del concejal. Posteriormente, se intentó trasladar la consulta al capitán Marcos Rivas, pero no atendió las llamadas.
La misma denuncia fue efectuada por personal de seguridad de la EBY.
Desde el área de comunicaciones de Yacyretá señalaron que hace 15 días se renovó el convenio de G. 1.500 millones entre la EBY y la Prefectura. Como anticipo, la Marina recibió G. 700 millones, y por plazo de seis meses Yacyretá debe desembolsar G. 140 millones.