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Raúl Lagraña ocupó el cargo de intendente municipal de Puerto Casado (Alto Paraguay) desde el año 2006 hasta 2010. Según un examen hecho por la Contraloría General de la República, el hombre es responsable de malversación de fondos comunales.
Auditorías de gestión llevadas a cabo en dicha administración detectaron malversación de 8.000 millones de guaraníes, un poco más de 1.700.000 dólares al cambio actual, en el lapso de cinco años. Lagraña es uno de los principales referentes de la Comisión Pro Tierra y uno de los hombres más cercanos al diputado Domingo Adorno (ANR), representante del Alto Paraguay en la Cámara de Diputados.
Investigación penal
El Ministerio Público inició una investigación sobre probable lesión de confianza y producción de documentos no auténticos por parte de dicha persona. La imputación fue presentada por el agente fiscal Feliciano Díaz Ortiz, de la unidad penal Nº 5.
En opinión del Ministerio Público “existen suficientes elementos de sospecha acerca de la existencia del hecho punible de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos”.
El fiscal Díaz Ortiz menciona que “la causa se inició con base en notas enviadas por la Dirección de Denuncias Penales del Ministerio Público por las cuales comunica la comisión de un supuesto hecho punible de lesión de confianza”.
Agrega el escrito que “la Contraloría General de la República remitió la nota CGR Nº 6788 de fecha 18 de noviembre de 2013 por la cual remite los reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio”.
El agente de la fiscalía menciona en el acta de imputación el listado de documentos que plantean la posibilidad de la existencia de dicho ilícito.
Millonaria malversación
Los documentos de la Contraloría General de la República reflejan graves deficiencias en la administración de los fondos del municipio de Puerto Casado. Sucesivas auditorías practicadas por esa entidad de control en la Comuna casadeña no dejan dudas del uso irregular del dinero, inclusive de la falsificación de facturas.
En este momento, lo que pretende el Ministerio Público es determinar niveles de responsabilidad en la lesión de confianza durante la administración de Lagraña.
Como ejemplo se puede mencionar la denuncia de falsificación de 66 facturas por un valor cercano a los 400 millones de guaraníes.
Auditores de la Contraloría entrevistaron a los representantes de las empresas mencionadas en las facturas y se constató que no fueron emitidas por esas compañías.
El exintendente casadeño enfrenta en este momento medidas alternativas a la prisión hasta que llegue el momento del juicio oral.