Cargando...
FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). El agente fiscal Andrés Arriola señaló que la propiedad mencionada tiene permiso de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Instituto Nacional Forestal (Infona), pero que no cumplió con las medidas de mitigación y el esquema silvopastoril, es decir, no dejó cierta cantidad de árboles dentro del desmonte.
Agregó que la semana pasada, cuando una comitiva interinstitucional de Derechos Ambientales de la Corte Suprema de Justicia, Infona y el Ministerio Público allanó el inmueble, de casi 40.000 hectáreas, después de que Infona detectara probable incumplimiento de medidas de mitigación en el plan de desarrollo en esta propiedad. “Pudimos comprobar que un tiempo atrás se llegó a quemar el campo y a echar todos sus árboles. Asimismo. Los técnicos pudieron comprobar que existen cursos hídricos y él no respetó los bosques protectores de 100 metros de ancho alrededor del cauce”, dijo
La expectativa de pena para estos delitos, según la Ley de Delitos Ambientales 716/96, es de tres a ocho años de privación de libertad, multa de entre 500 y 2.000 jornales mínimos legales (Art. 4) y uno a cinco años de cárcel y multa de 500 a 1.500 jornales en el Art. 5 inciso e, con la recomposición de todo.
Actualmente, la fiscalía sigue investigando si se deforestó más de lo permitido, lo que hasta ahora no se comprueba. El ganadero Companhoni fija domicilio en Gral. Bernardino Caballero de Corpus Cristi, Canindeyú, donde tiene otras propiedades, según la fiscalía.
El fiscal anunció que habrá más allanamientos interinstitucionales a propiedades en Boquerón y Alto Paraguay, para corroborar el cumplimiento de los planes de desarrollo, teniendo en cuenta “el gran nivel de deforestación que existe en esas zonas.
“En Alto Paraguay es enorme el grado de deforestación. No estamos pudiendo entrar por los caminos hace aproximadamente seis meses, pero sí ya tenemos algunos lugares fijados y ubicados donde se cometieron delitos ambientales. Ni bien el camino esté bien, vamos a ir allanando estas propiedades e imputando a los propietarios”, refirió Arriola. El tráfico de maderas de todo tipo en esta zona es muy común, expresó. “No importa de qué nacionalidad sean, el Ministerio Público va a estar imputando. Es una directiva del fiscal general (Javier Díaz Verón), que está muy preocupado por la deforestación en Alto Paraguay y Boquerón”, manifestó.
Explicó que, a diferencia de la Región Oriental, en el Chaco es permitido el desmonte y transporte de madera, pero muchas veces se desmonta más de lo permitido o se transgrede el proyecto presentado.