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CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). La fiscala Cinthia Lovera, quien investiga la contaminación del lago Ypacaraí, imputó la semana pasada a James David Ray, propietario del Centro Genético El Álamo, de la Sociedad Anónima Chávez Construcciones. El procesado presuntamente cometió delitos contra el medioambiente, especificados en la Ley 716/96.
Aseguró que se pudo verificar que dentro de la propiedad de la firma ubicada en la compañía Isla Valle de Areguá, se construyó un dique de cuatro kilómetros y tres canalizaciones, que alteraron los humedales del río Salado y el arroyo Yukyry. Esta situación provocó un grave daño ambiental, secando una zona del ecosistema e inundando el otro, según la fiscalía. La normativa especifica que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas.
En ese sentido, una comitiva interinstitucional ingresó a la propiedad en tres ocasiones. Fue en el marco de trabajos topográficos realizados para eliminar diques y canalizaciones que se realizaron en los humedales del río Salado, entre la desembocadura del lago Ypacaraí y el arroyo Yukyry.
La comitiva estuvo integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes; el juez de Luque, Alberto Sosa; el fiscal medioambiental adjunto, Jorge Sosa; la fiscala Cinthia Lovera y el ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis. También el titular de la Secretaría del Ambiente (Seam), Heriberto Osnaghi, y el intendente Osvaldo Leiva (ANR).
En dichas incursiones, según mencionó la agente fiscal, se pudo constatar in situ la existencia de graves delitos ambientales cometidos por la firma. Se observó la forma irregular de colocación del dique que alteró los humedales del río Salado y el arroyo Yukyry.
Según Lovera, se llegó a un acuerdo con los propietarios para componer el daño mediante trabajos en forma conjunta con técnicos de la Seam. Sin embargo, cuando los funcionarios llegaron para acompañar las obras, no se les permitió el acceso al inmueble.
A causa de esta situación, independientemente a la imputación que pesa sobre dicha firma, también se solicitó una medida cautelar al juez Alberto Sosa para que los funcionarios de la Seam puedan ingresar al sitio por una orden judicial. El objetivo es verificar la realización de los trabajos de recomposición gradual del daño.
El abogado Óscar Fernández, representante de la Sociedad Anónima Chávez Construcciones, afirmó que la firma mantiene su posición de colaboración y predisposición para realizar todos los trabajos necesarios para la mitigación de cualquier efecto o daño que se pudo haber causado al medio ambiente. Negó que se hayan construido diques y canalizaciones, como se menciona en la carpeta fiscal.