Imputan a concejal departamental de Alto Paraguay por lesión de confianza

El Ministerio Público imputó por supuesta lesión de confianza al actual concejal departamental por Alto Paraguay Saturnino Bogado Quintana (PLRA) y el exconcejal municipal Wilfrido Segovia Samudio (ANR). El primero habría cometido graves irregularidades cuando se desempeñaba como intendente del distrito de Carmelo Peralta en el año 2009, según informe de Contraloría.

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ALTO PARAGUAY (especial).La agente fiscal Liz Marie Recalde Velázquez, titular de la unidad fiscal Nº 1, con asiento en la ciudad de Concepción, presentó imputación contra el concejal departamental Saturnino Bogado Velázquez (PLRA) y el exconcejal municipal Wilfrido Segovia Samudio.

Según el Ministerio Público, ambos son investigados por supuesta lesión de confianza en perjuicio de la Municipalidad de Carmelo Peralta.

Bogado Quintana ejerció el cargo de intendente desde 18 de febrero de 2009 hasta el 5 de agosto de 2010, mientras que Segovia Samudio se desempeñó como ejecutivo comunal desde el 5 de agosto a 20 de diciembre de 2010.

El delito habría sido cometido en el ejercicio fiscal 2009, cuando Saturnino Bogado era intendente y Wilfrido Segovia concejal municipal.

De acuerdo al acta de imputación “existen suficientes elementos de convicción de la existencia del hecho punible de lesión de confianza”.

La imputación fue presentada el pasado 22 de octubre.

Gastos, sin respaldo

La agente del Ministerio Público expresa en la carpeta fiscal que las sospechas de lesión de confianza surgen de investigaciones preliminares.

Al respecto indica que “se solicitó al Banco Nacional de Fomento (BNF) informe de estado de cuentas de la Municipalidad de Carmelo Peralta para recabar el estado bancario, copias de cheques y saldo bancario”.

La respuesta del BNF no se hizo esperar: “fueron librados innumerables cheques, los cuales fueron cobrados sin conocerse sus respaldos legales y dichos cheques no solo carecen de respaldo sino que tampoco se conoce dónde fueron a parar los gastos”.

Añade el documento de la fiscalía que “una auditoría de la Contraloría General de la República remitió un informe final de la ejecución presupuestaria a los ejercicios fiscales 2009 y 2010, de cuyas conclusiones se desprenden innumerables irregularidades en perjuicio de la Comuna”.

Además, según CGR no dieron cumplimiento a la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, Art. 60 “Control Interno”, que determina la obligatoriedad de la implementación de un sistema de control interno, así como el Art. 61 Auditorías Internas Institucionales; entre otros.

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