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FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal).- El despojo de sus tierras, que comenzó con la venta de tierras públicas a partir de 1871, la mayoría de ellas habitadas por pueblos originarios, perdieron su autonomía y derecho consuetudinario, sostuvo Óscar Ayala, de la oenegé Tierraviva, durante un taller sobre acceso a la justicia y derecho consuetudinario indígena.
La actividad, que fue organizada por la Dirección de Derechos Humanos (DDH) de la Corte Suprema de Justicia y la organización no gubernamental, contó con la participación de más de 80 líderes aborígenes y operadores judiciales.
El antropólogo Rodrigo Villagra, también de Tierraviva, afirmó que en el caso del Chaco hubo un “clarísimo neocolonialismo” porque la región no estaba ocupada hasta 1900.
Ambos insistieron en el derecho consuetudinario inherente a la identidad indígena, consagrado en la Carta Magna, por ser una cultura anterior al Estado paraguayo (Art. 62). Indicaron que este pluralismo jurídico no es cuestión de buena fe, sino norma positiva, y no es equivalente a traducir sistemas a otros pueblos.
Como el derecho indígena se fundamenta en su preexistencia al Estado, los menonitas, por ejemplo, también cuentan con una ley del año 1921 que les exonera del servicio militar por razones religiosas, explicó Ayala.
Afirmó que la autonomía indígena de resolver conflictos comunitarios tiene sus límites ante las garantías de los derechos humanos válidos para todos.
Varios líderes indígenas lamentaron que existan abogados que se niegan a defenderlos porque no les pueden pagar. Otros reclamaron que cuando un caso llega a la justicia ordinaria, esta debe ser asesorada por indígenas.
Según Óscar Ayala, solo hay cinco peritos inscriptos para asesorar en asuntos indígenas en todo el territorio nacional.