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El funcionario Jorge Coronel señaló que no cuentan con el documento oficial y en caso de existir la firma Umbú SA estaría ocultando datos, que está sancionado por Ley 294 con la cancelación o suspensión temporal de la licencia ambiental. La medida de no innovar fue dictada en 1998 por el juez Carlos Hugo Mendoza, a pedido de la Fiscalía General, y fenece en el 2008.
Ante permanentes reclamos de ganaderos afectados, en dos ocasiones, el 28 de agosto 2001 y el 3 de octubre 2003, el fiscal general de aquel entonces, Oscar Latorre, emitió un dictamen para solicitar la permanencia de la medida. Señaló que es imprescindible, teniendo en cuenta la situación ambiental cada vez más delicada en el Chaco de las que se han hecho eco diversos organismos y personas de distintas partes del mundo, a juzgar por las 751 cartas recibidas, que reclaman la protección de la zona de los silvícolas ayoreos.
En uno de los dictámenes, Latorre inclusive menciona que en la dirección general de protección y conservación de biodiversidad de la Seam existe la propuesta de protección en la zona donde se halla vigente la medida cautelar de no innovar. Esto significa que la Seam debería estar al tanto de la situación, al igual que la junta departamental de Boquerón, que en base a esta misma medida declaró por Ordenanza Nº 02/02 de interés departamental la zona. En un dictamen de los ingenieros Elías Díaz Peña y Miguel Lovera, de Sobrevivencia, y Coalición Mundial por los Bosques, señala que de las 40.000 Ha. adquiridas por Umbú SA, 18.299,4 Ha. se encuentran dentro del área de la medida y de las 24.000 Ha. previstas para el desmonte, 10.800 Ha. están dentro del área de la medida. Todo esto no contempla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por el Ing. Agr. Hugo Huespe y presentado por Umbú SA. Es más, la zona atraviesa un sistema hídrico con humedad permanente. Estos paleocauces no se menciona en el EIA ni con una sola palabra.
Ante permanentes reclamos de ganaderos afectados, en dos ocasiones, el 28 de agosto 2001 y el 3 de octubre 2003, el fiscal general de aquel entonces, Oscar Latorre, emitió un dictamen para solicitar la permanencia de la medida. Señaló que es imprescindible, teniendo en cuenta la situación ambiental cada vez más delicada en el Chaco de las que se han hecho eco diversos organismos y personas de distintas partes del mundo, a juzgar por las 751 cartas recibidas, que reclaman la protección de la zona de los silvícolas ayoreos.
En uno de los dictámenes, Latorre inclusive menciona que en la dirección general de protección y conservación de biodiversidad de la Seam existe la propuesta de protección en la zona donde se halla vigente la medida cautelar de no innovar. Esto significa que la Seam debería estar al tanto de la situación, al igual que la junta departamental de Boquerón, que en base a esta misma medida declaró por Ordenanza Nº 02/02 de interés departamental la zona. En un dictamen de los ingenieros Elías Díaz Peña y Miguel Lovera, de Sobrevivencia, y Coalición Mundial por los Bosques, señala que de las 40.000 Ha. adquiridas por Umbú SA, 18.299,4 Ha. se encuentran dentro del área de la medida y de las 24.000 Ha. previstas para el desmonte, 10.800 Ha. están dentro del área de la medida. Todo esto no contempla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por el Ing. Agr. Hugo Huespe y presentado por Umbú SA. Es más, la zona atraviesa un sistema hídrico con humedad permanente. Estos paleocauces no se menciona en el EIA ni con una sola palabra.