CURUGUATY. (Pablo Medina, corresponsal). Los llamados miembros de "comisión garrote" afrontan denuncias por el asesinato de 7 personas (entre ellas una criatura), 5 torturados, 3 detenciones ilegales, 6 casos de abusos y decenas de casos de amenazas de muerte perpetradas bajo el liderazgo de Marcial Chaparro Arzamendia, vecino de la localidad de Yryvukua, distante unos 240 kilómetros al noreste de la capital del país.
Según la denuncia, Liborio López Franco, José Mercedes Melgarejo, Juan Carlos Cazal, Pánfilo Giménez Segovia, Simeón Giménez, César Martínez, Tiburcio Avalos, Ramón Giménez, Remigio y Juan Avalos, Vidal Silva, Alcides Giménez, Mariano Vera, Arnaldo Cazal, Jorge Ortiz, Miguel López y Ramona López serían los responsables de los constantes abusos, robos, persecuciones y amenazas de muerte cometidos contra las familias radicadas en el novel distrito de Yryvukua (San Pedro).
Entre los más cuestionados y repudiados por los lugareños figuran el mismo jefe del grupo Marcial Chaparro Arzamendia, Carlos Martínez y los hermanos Delio y Bartolomé Espínola, estos dos últimos serían autores materiales del asesinato de Gabriel Espínola, acaecido el pasado 20 de enero en la colonia de Sanguina Cue (San Pedro).
Asimismo, el indígena Ignacio Vera, líder de la comunidad Yakã Poty de Yasy Cañy responsabilizó a los "guardias armados" -que tendrían el respaldo jurídico del abogado Saúl González Ayala- del robo de 25 cerdos (G. 200.000 cada uno) y 4 vacas (G. 900.000 cada una) y la constante amenaza de despojo de unas 444 hectáreas del inmueble ocupado por siete familias de la referida comunidad indígena.
UNICO PROCESO PENAL
Entre los más recientes casos de abusos figuran la tremenda garroteada contra los jornaleros Cándido Martínez y Carlos Ayala Martínez, materializada presuntamente por Patrocinio Aguilera Galeano, Carlos Miguel Rodríguez, Pedro Amarilla y Francisco González Cuevas.
Llamativamente es el único caso denunciado ante el Ministerio Público. Los sindicados como responsables autores del ilícito fueron imputados por la fiscala Fani Villamayor por los delitos de coacción grave y asociación criminal, pero días después fueron liberados con medidas sustitutivas dictadas por el juez de garantía local Silvio Flores Mendoza.
REACCION COMUNITARIA
Dirigentes de varias organizaciones sociales y campesinas asentadas en esta jurisdicción recalcaron que ya no permitirán que los grupos armados sigan causando zozobra en la comunidad. "Con todas nuestras fuerzas vamos a denunciar los abusos, los robos, las persecuciones y las amenazas de muerte contra nuestros compañeros. Si es necesario, vamos a enfrentarlos para devolver la tranquilidad a nuestras familias", recalcaron los lugareños.