Gobierno municipal “participativo y transparente” de Salto veta auditoría

El intendente de Salto del Guairá, Eduardo Paniagua (ANR), vetó una resolución de la Junta Municipal que autorizaba a la Auditoría General del Poder Ejecutivo a realizar un estudio especial sobre el destino de unos US$ 30 millones que recibe la Municipio como “compensación por la pérdida de los saltos del Guairá”. Paradójicamente, el gobierno comunal, cuyo lema es “Gobierno participativo y transparente”, desautoriza que lo auditen.

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SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). El veto de la Resolución 2011/14 por la cual la Junta Municipal de esta ciudad autoriza la realización de un estudio especial, a cargo de la Auditoría General de la Presidencia de la República, fue dada a conocer recién el viernes 12, aunque tiene fecha del 5 de diciembre.

Según argumenta el intendente Eduardo Paniagua (ANR), su negativa al control planteado se debe a que el organismo constitucional encargado de auditar las entidades públicas es la Contraloría General de la República (CGR).

Sostiene, además, que una auditoría distinta es innecesaria, porque todos los informes de su administración “habidos y por haber” obran en la CGR.

El veto sorprendió a los legisladores de la multibancada opositora, quienes señalaron que resulta un contrasentido que una institución cuyo lema es “Administración participativa y transparente”, rechace un control independiente.

“El que nada debe nada teme. Así que cada uno saque sus conclusiones de esta negativa del señor intendente”, señaló el concejal Jorge Fleitas (ANR).

El edil añadió, sin embargo, que estudiarán desde el punto de vista legal el veto, teniendo en cuenta que  estaría contraviniendo artículos de la ley municipal.

“Creo que un administrador no puede decidir quién o quiénes le pueden auditar, o no. Entonces, nunca habrá control”, indicó.

Los concejales opositores solicitaron a la Auditoría General del Poder Ejecutivo el análisis específico del empleo de los recursos de la compensación por los desaparecidos saltos del Guairá, que representan unos 30 millones de dólares.

El pedido lo habían firmado los concejales colorados Eugenio Pereira y Jorge Fleitas; los independientes Elsa Blanco y Evelio Torales; Enrique Paniagua y César Leguizamón, del Unace, y Osvaldo Báez (PLRA).

Fue a raíz del rechazo en la Cámara de Senadores, por falta de transparencia, de un proyecto de ley que amplía la vigencia de la ley especial de compensación, según habían argumentado.

La multibancada maneja informaciones extraoficiales de que el intendente Paniagua estaría detrás de un dictamen favorable negociado con la CGR, por lo que se aferra en sostener que ya envió todos los documentos a dicha instancia de control.

Están a cargo del estudio los funcionarios de la CGR Carlos Candia, Lina Pana, Humberto Jara y Bernardo Ferreira.

La Contraloría tiene pendiente, además, un informe sobre el uso de los recursos de Fonacide, administrados por la Comuna desde 2012.

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