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VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). Tras casi cinco meses de la realización de los carnavales de esta ciudad, los organizadores todavía no pudieron cobrar la deuda por el uso de camarotes. Las dependencias “exclusivas” fueron utilizadas por el gobernador del Guairá, Rodolfo Friedmann Alfaro (ANR), familiares y amigos durante los festejos, denunciaron.
Inicialmente el precio del alquiler era de G. 100 millones, pero se redujo a G. 70 millones porque el jefe departamental contrató shows de modelos por valor de G. 30 millones para “enriquecer” el espectáculo, explicó el presidente de la organización, César Sosa Fariña.
Por otro lado, Friedmann negó haber alquilado los camarotes para uso particular y aseguró que este compromiso económico con la organización de los carnavales fue institucional para apoyar el evento.
El gobernador sostuvo que todavía no pagó los G. 70 millones porque la comisión organizadora no acercó la documentación exigida para un desembolso de dinero público.
Por otra parte, representantes de las comparsas de los corsos se manifestaron días atrás frente a la Municipalidad de Villarrica exigiendo el pago de más de G. 100 millones que los organizadores del carnaval les adeudan. Los encargados del espectáculo argumentaron que aún deben cobrar haberes, como el de Rodolfo Friedmann, para poder cancelar los compromisos con las comparsas.
En medio de la polémica, el gobernador ordenó el no pago de un cheque de G. 200 millones que entregó a la comisión organizadora del carnaval. Los encargados de la comisión aseguraron que se trataba de un aporte, ya sea de su parte o bien de la Gobernación.
El cheque corresponde a una cuenta corriente a nombre de Rodolfo Friedmann y el jefe departamental evitó su efectivización al denunciarlo como “extraviado”. Se defendió afirmando que no fue una donación, sino una garantía para que los encargados del evento puedan gestionar un crédito.
El presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval, César Sosa Fariña, indicó que ya no les interesa percibir los G. 200 millones, pero que quieren cobrar los G. 70 millones que el jefe departamental adeuda en forma particular.