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La fiscala Cynthia Lovera tomó la referida decisión tras recibir el informe técnico de que no hay licencia ambiental para realizar la tarea de excavación.
El informe fue proporcionado ayer a la siesta por la Secretaría del Ambiente. Este tipo de delitos tiene una pena de uno a cinco años de cárcel.
La fiscala imputó a Díaz porque fue el que pidió la autorización de los municipios en donde se realiza la tarea de excavación.
La misma fiscala se había constituido el pasado lunes en el lugar donde se busca el oro, y en el sitio se encontró con que la excavación ya llegaba a los 15 metros de profundidad.
Los fiscalizadores de la Seam inclusive labraron acta dejando constancia de que la excavación afectaba el paso de las aguas subterráneas.
Antes de imputar y en vista de que no tenía un informe técnico a mano, la fiscala intimó al ministro Heriberto Osnaghi a que haga uso de sus facultades legales para ordenar el cese de la excavación.
Al no tener respuesta y con el informe técnico en mano, la fiscala imputó a Díaz en horas de la tarde de ayer. Sin embargo, en la oficina de mesa de entrada de Central, en San Lorenzo, señalaron que no podían recibir la imputación porque no había un detenido.
Indicaron que solo en horas hábiles se podía presentar el requerimiento penal.
Pero debido a la urgencia de que la imputación y el pedido del cese de la excavación llegue a la jueza de Capiatá, la fiscala contactó con las autoridades judiciales para que corra la imputación. Recién a la noche tuvo entrada el escrito de la fiscala del Ambiente.
Para hoy a las 08:00 fue citado a prestar declaración testifical el ministro del Ambiente.
Entre las 10:00 y las 11:00 deberán declarar los intendentes de J. Augusto Saldívar y Capiatá.
Todas las declaraciones serán en carácter de testifical. Si la jueza Salomón detiene la excavación, será la Seam la que tenga que resolver si se tapa el enorme agujero.