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TOBATÍ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional).- La agente fiscal Alejandra Savorgnan de la Unidad II de Caacupé estuvo en dos predios ubicados en las compañías Las Mercedes y 21 de Julio de Tobatí, ocupadas por supuestos campesinos sin tierra, con el objetivo de verificar un hecho punible denunciado e individualizar a los autores del hecho.
La fiscala emplazó a los ocupantes de las propiedades que en ocho días como máximo ya deben dejar libres los inmuebles, que pertenecen a Inmobiliaria del Este SA (Idesa).
De no cumplirse la intimación, expresó que solicitará al juzgado penal de garantías una orden de allanamiento y la detención de las personas que se encuentren en el sitio.
En el momento de la aparatosa constitución fiscal, había ayer aproximadamente unas 50 personas en ambos terrenos, incluidos mujeres y niños, quienes supuestamente serían los que viven en el sitio en casas precarias.
Unas de las propiedades, de 1.426 hectáreas, está situada en Las Mercedes y se encuentra ocupada desde junio de 2012 por seudocampesinos sin tierra pertenecientes a la comisión vecinal San Cayetano, afiliada a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).
Esas personas están lideradas por Victorino Núñez y Alcides Vargas, quienes no se encontraban presentes en el momento de la intervención. En el lugar fueron recibidos por Mario Caballero y el Abog. Fredy Cano, quienes alegaron que las tierras ocupadas son parte de un campo comunal.
En mayo del 2013 el fiscal Hugo Marcelo Pérez ya había dado un plazo de 48 horas a los ocupantes ilegales para que abandonen el lugar, pero con chicanas jurídicas lograron detener el procedimiento hasta hoy.
El segundo lote
Por su parte, el otro inmueble –de 2.600 hectáreas– está ubicado en la Compañía 21 de Julio y se halla ocupado desde el año 2010.
Los ocupantes integran el movimiento “Frente departamental de lucha por la soberanía y la vida”, liderado por Victorino Godoy Zenna, quien está acusado por instigador.
Los invasores ingresaron a la propiedad privada con la versión de que se trataba de un campo comunal. Por esta causa, 20 de los campesinos aguardan juicio oral. Tras varias diligencias, se ordenó el desalojo del terreno.
Sin embargo, a causa de varias argucias jurídicas y extrajurídicas, la orden nunca fue cumplida.
En el lugar los invasores al principio se negaron a identificarse; luego de que fueran amenazados con ser detenidos dos de los portavoces del grupo de aproximadamente 50 personas se identificaron como Roberto Otaño (52) y Francisco Giménez (47).
Ahora de nuevo los invasores tienen un plazo de ocho días para desocupar las propiedades mencionadas, según manifestó la fiscala Savorgnan, caso contrario los ocupantes serán detenidos.