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El fiscal ingresó con una orden de allanamiento firmada por la jueza Teresita Lici Sánchez, de Asunción, y dispuso la detención de doce guardias privados que estaban custodiando el terreno ocupado por la empresa.
Una vez despejado el predio, funcionarios municipales derribaron la muralla y tomaron posesión del inmueble, sin contar con una orden de desalojo.
Además, secuestraron diez camiones de la empresa Chacomer, cuyo accionista es la firma Los Pioneros. Se generaron escaramuzas entre los lugareños y los intervinientes que defendían a los ocupantes.
El conflicto se originó en junio último, cuando la Comuna vendió la propiedad a la empresaria Esmilce Ramírez por unos G. 700 millones. A raíz de la comercialización, la empresa Los Pioneros reclamó el sitio como suyo y presentó título de propiedad.
El caso está siendo dirimido en el Juzgado en lo Civil y Comercial, a cargo de Juvencio Torres.
El asesor jurídico de la Comuna de Luque, Abog. Vidal Pereira, denunció a la firma por coacción y privación ilegítima de libertad, supuestamente porque los guardias privados retuvieron a los funcionarios contra su voluntad a punta de armas de grueso calibre.
Recusan a la jueza
El exfiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla, en representación de la firma Chacomer, recusó a la jueza Lici Teresita Sánchez debido a que supuestamente ordenó ilegalmente el desalojo del inmueble perteneciente a la empresa. Hizo lo mismo con el fiscal antisecuestro Rogelio Ortúzar, quien encabezó el procedimiento realizado el jueves.
Ortúzar se apartó finalmente del caso por “amistad” con su exjefe, Candia Amarilla.
Candia Amarilla sostuvo que la jueza Sánchez y el fiscal Ortúzar intervinieron aviesamente fuera de su competencia territorial, ya que son de Capital. Utilizaron una figura jurídica descabellada, como “coacción grave”, añadió.
El letrado dijo que el “operativo ilegal” se realizó a instancias del intendente de Luque, César Meza Bría (PLRA).
La firma Chacomer, según Candia Amarilla, ocupa la propiedad desde hace 20 años, como dueño legítimo, con todos los documentos respaldatorios. Remarcó que la comitiva judicial ingresó al lugar para ocasionar destrozos y detuvieron a doce guardias de seguridad de una tercera firma contratada.
“Se irrumpió con tractores para destruir todas las construcciones que probaban la posesión. Además, unos once camiones 0 km fueron sacados del sitio con los tractores, por lo que muchos fueron inutilizados”, dijo.