Fiscal no se animó a imputar a deforestadores

El exfiscal de Curuguaty Benjamín Maricevich no tuvo coraje para imputar a cuatro responsables, entre ellos reincidentes, del desmonte de 280 hectáreas de bosques en los distritos de Villa Ygatimí y Curuguaty.

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Los depredadores solo se exponen a irrisorias multas por parte de la Secretaría del Ambiente (Seam).

En el marco del operativo nacional “Taguato Ruvicha”, impulsado por la Secretaría del Ambiente (Seam) y respaldado por el Ministerio Público, Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional, se confirmó en dos intervenciones ejecutadas los días 4 y 5 de setiembre pasado la destrucción de unas 280 hectáreas de bosques nativos en cuatro inmuebles localizados en Villa Ygatimí y en Curuguaty.

El exfiscal ambiental Benjamín Maricevich solo “acompañó” a los técnicos de la Seam e Infona para los dos días de procedimientos.

El empresario brasileño Valdemir Pereira Dos Santos destruyó y quemó unas 60 hectáreas de bosques sin licencia ambiental. El extranjero sería reincidente, pero Infona se niega a revelar los antecedentes. El inmueble se encuentra a unos 10 kilómetros de Villa Ygatimí, en el departamento de Canindeyú.

La ciudadana brasileña Iara Vendramini está sindicada como responsable del desmonte de otras 50 hectáreas dentro de la hacienda que posee en el área de amortiguamiento de la reserva del Mbaracayú. Los ambientalistas confirmaron que el inmueble fue arrendado a Paulo Ferreira de Sousa, exintendente de la ciudad de Sete Quedas, Brasil.

El arrendatario afronta sumario administrativo ante la Seam, que se encuentra en etapa de resolución.

Durante el operativo se constató, además, la destrucción de 15 a 20 hectáreas de bosques nativos dentro de la propiedad del empresario Pedro Aquino, ubicada en la colonia Siete Montes, distante unos 15 kilómetros al norte de Curuguaty; y otras 150 hectáreas en la hacienda Cancha de Gallo, del empresario brasileño Joaquín Fernandes Martin.

En este último inmueble la Seam confirmó en diciembre de 2013 la destrucción de otras 300 hectáreas.

Los responsables del grave daño ecológico solo se exponen a irrisorias multas estimadas en 1.000 a 1.500 jornales mínimos (unos G. 76 millones a G. 114 millones), además de la obligación de recomponer el área dañada con la implementación de una reforestación, que en la mayoría de los casos no se cumple.

pmedina@abc.com.py

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