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La Seam y el fiscal ambiental confirmaron el ilícito a fines del año pasado, en el inmueble ubicado en la colonia Jukeri, distante unos 17 kilómetros al norte de esta ciudad. Rachid afirmó que mediante un minucioso trabajo de investigación se individualizó a los dueños de las maquinarias utilizadas para perpetrar el grave atentado contra el medio ambiente en el lugar. En ese sentido, dispuso el involucramiento de María Selva Martínez y Carlos Alberto Aguilar, como presuntos corresponsables del ilícito.
Rachid sostuvo que las evidencias presentadas en la imputación contra Arias Silvero son irrefutables. A esto se suma el contundente informe de la Seam, que confirma la sistemática destrucción del área boscosa dentro de la propiedad de la firma “Agropecuaria Julia”, sin ninguna licencia ambiental.
En la Seam se confirmó que el empresario no pagó una multa de 1.500 jornales mínimos, equivalentes a G. 82 millones, como resarcimiento por el daño causado por el desmonte de unas 200 hectáreas. El hecho fue constatado en diciembre del 2011 por fiscalizadores de la Seam y el Ministerio Público.
Por otro lado, el fiscal Rachid admitió que el empresario Arias Silvero se presentó ante el Ministerio Público para interiorizarse de la causa, pero aseguró que no presentó ningún documento que pueda debilitar la acusación en su contra.
Intentamos hablar con el empresario sobre la actividad dentro de la propiedad intervenida y su versión respecto al proceso que soporta, pero no atendió nuestras llamadas a su teléfono.