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La magistrada suspendió ayer la audiencia en la que debería decidir si acepta o rechaza la nueva imputación contra Aguinagalde, a quien se responsabiliza de entregar alimentos nocivos a escolares.CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Miguel Angel Kunzle imputó el pasado 26 de mayo al gobernador del Alto Paraná, el colorado cartista Nelson Aguinagalde, por el delito de distribución de alimento nocivo. La jueza Norma Gamarra tenía 24 horas para expedirse si acepta la imputación y otorga una medida alternativa a la prisión al procesado, o rechaza la imputación.
La magistrada, en forma ilegal, fijó la audiencia para tomar una decisión 12 días después de la imputación y lo vuelve a suspender. Gamarra de Martínez citó al gobernador ayer para las 08:30, pero Aguinagalde ya sabía que se suspendería atendiendo a que a través de radio Parque anunció que el martes 7 (ayer) estaría en Asunción para reunirse con el líder de su movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
En forma clara y grosera la jueza se convirtió en una defensora del gobernador. Ayer funcionarias de su juzgado dieron la siguiente información: La audiencia se suspendió porque los abogados (Carlos Ortiz y Nelson Mora) del gobernador, presentaron un escrito solicitando una excepción por falta de acción (falta de prueba), que debe ser definida por la jueza. Es decir, que los defensores del gobernador quieren que la magistrada rechace la imputación alegando que no existe evidencia.
La jueza Gamarra de Martínez tiene igualmente a su cargo la causa en la que está procesado Aguinagalde por el delito de lesión de confianza. Es con relación al feroz negociado en la construcción de aulas por G. 3.000 millones.
El pasado lunes, por sexta vez, la jueza suspendió la audiencia preliminar en la que debía decidir si eleva a juicio oral y público la causa. Existen evidencias irrefutables sobre la perpetración de un grosero negociado.
La jueza argumentó que el gobernador recusó al fiscal de la causa, Horacio Bisso, y que se debe definir primero la recusación. Sin embargo, el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Eber Ovelar, ya confirmó a Bisso en el caso.
Ovelar dijo que la magistrada está prostituyendo los procesos criminales contra el gobernador y que realiza una interpretación antojadiza del proceso. "Yo resolví en tiempo y forma sobre la recusación a Bisso, y lo confirmé. Hasta que la Fiscalía General del Estado o la Corte Suprema de Justicia digan lo contrario, Bisso sigue en el caso. Es absurdo lo que hace esta señora (la jueza)", dijo Ovelar.
Para Ovelar, el fiscal
Kunzle debe actuar con más insistencia. Dijo que sobre la nueva imputación la magistrada debía resolver en el plazo de 24 horas y no corresponde que este dilatando.
Imputación
El fiscal Kunzle imputó al gobernador por la distribución de alimentos nocivos, es con relación a la entrega de palitos con moho, que en forma insistente Aguinagalde quiere que los niños lo consuman alegando que son de buena calidad.
Los ediles regionales Carlos Portillo (PLRA) y Estela Monzón (ANR) en sus respectivas declaraciones confirmaron que encontraron los palitos con moho que entregó el gobernador a la escuela Primer Intendente, del barrio Pablo Rojas y 8 de Diciembre del barrio 23 de Octubre.
Pero el fiscal Kunzle no tuvo en cuenta el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que revela graves irregularidades en la implementación del programa de la merienda escolar el año pasado. Se compraron según los documentos alimentos por más de G. 18.000 millones.
La magistrada, en forma ilegal, fijó la audiencia para tomar una decisión 12 días después de la imputación y lo vuelve a suspender. Gamarra de Martínez citó al gobernador ayer para las 08:30, pero Aguinagalde ya sabía que se suspendería atendiendo a que a través de radio Parque anunció que el martes 7 (ayer) estaría en Asunción para reunirse con el líder de su movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.
En forma clara y grosera la jueza se convirtió en una defensora del gobernador. Ayer funcionarias de su juzgado dieron la siguiente información: La audiencia se suspendió porque los abogados (Carlos Ortiz y Nelson Mora) del gobernador, presentaron un escrito solicitando una excepción por falta de acción (falta de prueba), que debe ser definida por la jueza. Es decir, que los defensores del gobernador quieren que la magistrada rechace la imputación alegando que no existe evidencia.
La jueza Gamarra de Martínez tiene igualmente a su cargo la causa en la que está procesado Aguinagalde por el delito de lesión de confianza. Es con relación al feroz negociado en la construcción de aulas por G. 3.000 millones.
El pasado lunes, por sexta vez, la jueza suspendió la audiencia preliminar en la que debía decidir si eleva a juicio oral y público la causa. Existen evidencias irrefutables sobre la perpetración de un grosero negociado.
La jueza argumentó que el gobernador recusó al fiscal de la causa, Horacio Bisso, y que se debe definir primero la recusación. Sin embargo, el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Eber Ovelar, ya confirmó a Bisso en el caso.
Ovelar dijo que la magistrada está prostituyendo los procesos criminales contra el gobernador y que realiza una interpretación antojadiza del proceso. "Yo resolví en tiempo y forma sobre la recusación a Bisso, y lo confirmé. Hasta que la Fiscalía General del Estado o la Corte Suprema de Justicia digan lo contrario, Bisso sigue en el caso. Es absurdo lo que hace esta señora (la jueza)", dijo Ovelar.
Para Ovelar, el fiscal
Kunzle debe actuar con más insistencia. Dijo que sobre la nueva imputación la magistrada debía resolver en el plazo de 24 horas y no corresponde que este dilatando.
Imputación
El fiscal Kunzle imputó al gobernador por la distribución de alimentos nocivos, es con relación a la entrega de palitos con moho, que en forma insistente Aguinagalde quiere que los niños lo consuman alegando que son de buena calidad.
Los ediles regionales Carlos Portillo (PLRA) y Estela Monzón (ANR) en sus respectivas declaraciones confirmaron que encontraron los palitos con moho que entregó el gobernador a la escuela Primer Intendente, del barrio Pablo Rojas y 8 de Diciembre del barrio 23 de Octubre.
Pero el fiscal Kunzle no tuvo en cuenta el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que revela graves irregularidades en la implementación del programa de la merienda escolar el año pasado. Se compraron según los documentos alimentos por más de G. 18.000 millones.