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Piden a la Fiscalía de Delitos Económicos que se busque a los responsables.El periodo municipal 2006-2010 en Mariano Roque Alonso se caracterizó por los indicios de robo de la plata del pueblo. Primeramente aparecieron como presuntos responsables Juan Walberto Zárate (ANR), su hermano de madre Humberto Vargas y el ex director de Obras, Michael Sánchez. Ellos fueron imputados y el proceso judicial continúa. El primero, intendente, fue destituido por la Cámara de Diputados.
Después llegaron otras autoridades y nuevamente estuvieron involucradas en los presuntos hechos de malversación del dinero de los contribuyentes y en el "manejo discrecional de los fondos del municipio, como si fueran propios", señala una parte del escrito de denuncia presentado, por una persona anónima, bajo patrocinio de la Abog. Lorena Rojas la semana pasada al Ministerio Público.
En este nuevo caso aparecen como principales "responsables sospechosos de la perpetración de los ilícitos": Heriberto Mármol (ANR), Pedro Regalado Alcaraz (ANR), Roberto Medina, David Benjamín Jara, Arnulfo Ruiz Díaz y Miguel Benítez, todos también políticos colorados. Ellos se distribuyen en los cargos de intendente, direcciones de Administración y Finanzas, de Recursos Humanos y de la Tesorería.
El pasado miércoles fue presentada la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos y el jueves, otro escrito más ampliado y con observaciones más técnicas, fue dirigido al contralor general de la República, Lic. Oscar Rubén Velázquez. El expediente tiene Nº 1540. En éste documento se solicitan la urgente auditoría, la detección de irregularidades y los indicios de robos para posteriormente derivar también al Ministerio Público.
Fiscalía
La presentación en la fiscalía se realizó con patrocinio de la abogada Lorena Rojas, la que refiere la serie de hechos que constituyen lesión de confianza. Menciona que durante el ejercicio de Heriberto Mármol (ANR), entre agosto y diciembre del 2009, la recaudación de la Comuna ascendió a una suma superior a G. 5.000 millones. Luego, entre enero y agosto del 2010, los ingresos fueron de G. 9.792, totalizando en ambos periodos casi G. 16.000 millones.
Posteriormente, durante la administración de Pedro Regalado Alcaraz (ANR), la recaudación oscila en alrededor de G. 4.000 millones, llegando a la suma total de G. 20.000 millones de la plata del pueblo "administrada" por la municipalidad.
Sin embargo, de acuerdo a los documentos probatorios de los gastos, que se manejan en la Comuna, los egresos no superarían el 50 por ciento, por lo que el monto de los posibles robos llega a G. 10.000 millones, en solamente un año y 4 meses.
La denuncia de los supuestos hechos punibles, de acción penal pública, perpetrados en la Municipalidad se arrimó a la Fiscalía de Delitos Económicos, en Asunción. Sin embargo, la asistente fiscal de la Dirección de Denuncias, Susana Parodi, explicó que se debe derivar al Ministerio Público de la zona (Mariano Roque Alonso). Pero la denunciante sostiene que no goza de su confianza la referida fiscalía, por lo que optó por trasladar a la Fiscalía Adjunta Area III, que funciona en San Lorenzo y que está a cargo del Abog. Patricio Gaona.
En esa dependencia se entregó el pedido de investigación y el castigo, si se descubre a los responsables del presunto grave perjuicio patrimonial a la Comuna. El escrito tiene mesa de entrada Nº 316 y fue recibido por la asistente fiscal, Abog. Elizabeth Ocampos.
La denuncia se formula "de conformidad a disposición del Art. 57 inc. h de la Ley 1626 de la Función Publica y los Art. 284 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal". Es por los supuestos hechos punibles "contra quienes resulten responsables de lesión de confianza".
Según la denunciante se llega a la instancia judicial debido a que la administración municipal no cuenta con ningún tipo de control, "ya sea interna o externa", indica. Agrega que ni la Junta Municipal ni la propia Contraloría General de la República cumplen sus funciones. Los concejales mantuvieron y mantienen un silencio cómplice, "evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones, de velar por la administración de los recursos municipales, avalando la abierta transgresión a la ley. Mientras que la Contraloría se excusó de entender en la auditoría alegando falta de recursos", concluye el escrito.
Después llegaron otras autoridades y nuevamente estuvieron involucradas en los presuntos hechos de malversación del dinero de los contribuyentes y en el "manejo discrecional de los fondos del municipio, como si fueran propios", señala una parte del escrito de denuncia presentado, por una persona anónima, bajo patrocinio de la Abog. Lorena Rojas la semana pasada al Ministerio Público.
En este nuevo caso aparecen como principales "responsables sospechosos de la perpetración de los ilícitos": Heriberto Mármol (ANR), Pedro Regalado Alcaraz (ANR), Roberto Medina, David Benjamín Jara, Arnulfo Ruiz Díaz y Miguel Benítez, todos también políticos colorados. Ellos se distribuyen en los cargos de intendente, direcciones de Administración y Finanzas, de Recursos Humanos y de la Tesorería.
El pasado miércoles fue presentada la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos y el jueves, otro escrito más ampliado y con observaciones más técnicas, fue dirigido al contralor general de la República, Lic. Oscar Rubén Velázquez. El expediente tiene Nº 1540. En éste documento se solicitan la urgente auditoría, la detección de irregularidades y los indicios de robos para posteriormente derivar también al Ministerio Público.
Fiscalía
La presentación en la fiscalía se realizó con patrocinio de la abogada Lorena Rojas, la que refiere la serie de hechos que constituyen lesión de confianza. Menciona que durante el ejercicio de Heriberto Mármol (ANR), entre agosto y diciembre del 2009, la recaudación de la Comuna ascendió a una suma superior a G. 5.000 millones. Luego, entre enero y agosto del 2010, los ingresos fueron de G. 9.792, totalizando en ambos periodos casi G. 16.000 millones.
Posteriormente, durante la administración de Pedro Regalado Alcaraz (ANR), la recaudación oscila en alrededor de G. 4.000 millones, llegando a la suma total de G. 20.000 millones de la plata del pueblo "administrada" por la municipalidad.
Sin embargo, de acuerdo a los documentos probatorios de los gastos, que se manejan en la Comuna, los egresos no superarían el 50 por ciento, por lo que el monto de los posibles robos llega a G. 10.000 millones, en solamente un año y 4 meses.
La denuncia de los supuestos hechos punibles, de acción penal pública, perpetrados en la Municipalidad se arrimó a la Fiscalía de Delitos Económicos, en Asunción. Sin embargo, la asistente fiscal de la Dirección de Denuncias, Susana Parodi, explicó que se debe derivar al Ministerio Público de la zona (Mariano Roque Alonso). Pero la denunciante sostiene que no goza de su confianza la referida fiscalía, por lo que optó por trasladar a la Fiscalía Adjunta Area III, que funciona en San Lorenzo y que está a cargo del Abog. Patricio Gaona.
En esa dependencia se entregó el pedido de investigación y el castigo, si se descubre a los responsables del presunto grave perjuicio patrimonial a la Comuna. El escrito tiene mesa de entrada Nº 316 y fue recibido por la asistente fiscal, Abog. Elizabeth Ocampos.
La denuncia se formula "de conformidad a disposición del Art. 57 inc. h de la Ley 1626 de la Función Publica y los Art. 284 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal". Es por los supuestos hechos punibles "contra quienes resulten responsables de lesión de confianza".
Según la denunciante se llega a la instancia judicial debido a que la administración municipal no cuenta con ningún tipo de control, "ya sea interna o externa", indica. Agrega que ni la Junta Municipal ni la propia Contraloría General de la República cumplen sus funciones. Los concejales mantuvieron y mantienen un silencio cómplice, "evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones, de velar por la administración de los recursos municipales, avalando la abierta transgresión a la ley. Mientras que la Contraloría se excusó de entender en la auditoría alegando falta de recursos", concluye el escrito.