Expropiación de tierra de Parex pondría en riesgo una reserva de 2000 Ha.

Alegando cierre de caminos públicos por parte de la empresa belga Parex SA, ubicada en el distrito Tomás Romero Pereira, Itapúa, está pendiente de estudio en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de expropiación de unas 300 Ha. de tierra pertenecientes a esa firma. El administrador de la empresa, Luc Vanryckechem, desmintió que se haya procedido a la clausura del tramo en cuestión. La expropiación pondría en peligro una reserva forestal de 2.000 hectáreas que forma parte de la cordillera San Rafael.

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El conflicto entre la empresa Parex y sus vecinos surgió cuando el administrador Luc Vanryckechem decidió construir lomadas en un tramo de 10 kilómetros, para contener la erosión de suelo y mantener en condiciones transitables durante todo tiempo. Este camino cruza la propiedad de la empresa y sirve de acceso a las colonias 3 Marías (que más bien sería una chacra de 500 Ha. de cuatro familias brasileñas que cultivan soja) y Yukyry.

A esto se sumó la instalación de un campamento militar en la cabecera de la propiedad, para resguardar la reserva de San Rafael. Este fue creado en agosto del 2004, luego de una invasión de una parte de la propiedad de Parex y a pedido de la empresa, que creyó que un bosque virgen de 2000 Ha. que forma parte de la reserva de San Rafael estaba en peligro.

Según las denuncias -que los administradores de Parex acreditan a personas interesadas en extraer madera de la reserva-, los militares eran utilizados por la empresa para cerrar el camino de uso público.

Esto, sin embargo, fue desmentido mediante sendas notas de representantes de comisiones vecinales de la zona. En una de ellas, que data de 29 de noviembre de 2004, señala: "Desmentimos que dicho camino esté clausurado" y agrega: "El citado camino es poco usado por nosotros ya que tenemos otros caminos más accesibles y cortos". Los pobladores también señalan que están contentos con la instalación de destacamento militar en la zona, pues a partir de la presencia de uniformados en el lugar no se registran hechos delictivos.

La falsedad de la denuncia del cierre de camino también fue comprobada por autoridades políticas y judiciales.

El 19 octubre del 2004, el juez Juan Bogarín Fatecha desestimó una denuncia realizada por vecinos de Edelira, por no existir el delito denunciado. El 20 de octubre, a pedido de los administradores de Parex, la escribana Angélica Caballero Samaniego fue a verificar el camino público y no solo constató que este estaba a disposición de todos los vecinos, sino también que se encontraba en buen estado de conservación.

"Nosotros solo quisimos implementar en ese tramo de 10 kilómetros un trabajo de construcción de lomadas para evitar la erosión de suelo, tal como hicimos con todos los caminos internos de la empresa, pero no nos dejaron y ahora, alegando ‘cuestión social’, quieren partir en dos nuestra propiedad, porque eso es lo que van a hacer si llegan a expropiar", señaló Luc durante una visita en nuestra redacción.

El proyecto fue presentado en setiembre pasado por el diputado Fernando Oreggioni y en una reunión realizada la primera semana de febrero en Naranjito, un productor de apellido Venturini, pidió a la comisión permanente del Congreso apurar su estudio, alegando que Parex clausuró un camino público, hecho desmentido por su colega Víctor Casas.

Parex está en el país desde hace 25 años. Se dedica al rubro agrícola-ganadero. En época de cosecha llegan a emplear a unas 100 personas.
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