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En el escrito, la defensa de Balbuena solicita anular toda la investigación fiscal y las pruebas recolectadas durante el proceso, por haber supuestamente violado principios constitucionales, tales como la presunción de inocencia.
Cita como ejemplo que la denuncia presentada por los entonces concejales colorados Miguel Olmedo, Nancy Balbuena de Vera, Wilfrido Balbuena y Hugo Fretes “no es otra cosa que la intromisión de un poder del Estado en el órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública como es el Ministerio Público…(sic)”.
Balbuena fue intendente entre 2010 y 2015. Según la acusación, el exjefe comunal y el extesorero de la institución Eladio Chamorro ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a G. 303 millones de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) a la Municipalidad de Santa Elena. Estos recursos debían ser destinados a obras en instituciones educativas, pero solo existen en papeles, según informes de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR), que mediante verificaciones constataron que la mayoría de los trabajos no se llevaron a cabo.
La fiscala del caso, Sunilda González de Martínez, calificó como totalmente inadmisible la presentación de la defensa de Balbuena. El único objetivo de la acción es dilatar, dijo.