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QUYQUYHÓ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La auditoría externa fue encargada por la Municipalidad a la Consultora SALIEC, representada por la licenciada Ada Torres. La intendenta interina, Isidora Benítez (PLRA), manifestó que se encontraron indicios de despilfarro de los recursos municipales con emisión de cheques, obras fantasma, equipos informáticos adquiridos que no están en la comuna y obras con costos millonarios que se encuentran inconclusas.
El exintendente y candidato a diputado por la Lista 1 es primo de la senadora Lilian Samaniego y del exintendente de Asunción Arnaldo Samaniego.
Mediante la auditoría se detectaron cheques cargo Banco Nacional de Fomento (BNF) librados por Samaniego a nombre de familiares y colaboradores cercanos por un total de G. 380 millones de la cuenta de royalties. El primero fue emitido el 25 de enero de 2011 por G. 22.500.000 a favor de su esposa, la asuncena que se candidata a intendenta de esta ciudad, Patricia Adriana Corvalán.
En febrero de 2011, Samaniego libró un cheque al portador por G. 25 millones. En enero de 2011, otro al portador por G. 20 millones que fue cobrado por el secretario municipal y responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Guido Vargas Gaete. En julio de ese año, un policía al servicio de Samaniego, de nombre Cristian Domínguez Aponte, efectivizó un cheque por G. 15 millones.
El octubre de 2011, la madre de Samaniego, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, cobró un cheque por G. 20 millones. Ese mismo mes, el exintendente se autoasignó G. 30 millones en dos cheques.
La intendenta interina, Benítez, dijo que ella junto a las concejalas Natividad Morel, Lailys Pereira (Unace) y Clementina Fernández (ANR) tienen documentos en los que consta que se opusieron a la aprobación de la ejecución presupuestaria de Samaniego por notar anomalías en su gestión.
Añadió que con apoyo de la Junta Municipal decidió realizar la auditoría porque no encontró documento alguno que respaldase la gestión de Samaniego tras su renuncia para candidatarse a diputado.
Por su parte, Samaniego dijo que cuando asumió el cargo en 2010 encontró la comuna sin recursos para pagar sueldos y atender las necesidades de la ciudadanía, por lo que se vio obligado a utilizar recursos de royalties. Indicó que los cheques eran efectivizados solo por gente de su confianza y luego eran empleados para los gastos comunales.
“En ningún momento hubo mala intención, tal vez puede llamarse error administrativo, pero no daño patrimonial a la Municipalidad”, dijo. Añadió que los G. 380 millones de royalties fueron repuestos en su totalidad con dinero de recursos propios, dijo.
Añadió que Benítez y otros ediles aprobaron sus ejecuciones presupuestarias desde 2010 hasta 2016 y que ahora lo denuncian para desprestigiarlo. “Voy a querellar a la intendenta interina Benítez por difamación y calumnia y que sea la justicia la que se encargue de demostrar si hubo alguna irregularidad o no”, advirtió.