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CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal).- El fiscal José Zarza Galeano debió presentar acusación ante el juez de la causa José Benítez, a fines de mayo. Sin embargo, el agente fue suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) por un caso de pedido de coima. Ante el inminente vencimiento del plazo procesal, el magistrado Benítez se vio obligado a emplazar al fiscal general, Javier Díaz Verón, para el cumplimiento del Art. 139 del Código Procesal Penal que establece la perentoriedad de la etapa preparatoria. La normativa prevé que “cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el juez, y tampoco haya pedido prórroga o ella corresponda, el juez intimará al fiscal general del Estado para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de diez días”. La misma normativa prevé que “transcurrido este plazo sin que se presente una solicitud por parte del Ministerio Público, el juez declarará extinguida la acción penal, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fiscal general de Estado o del fiscal interviniente”.
El fiscal adjunto, Alejo Vera, confirmó que el plazo para contestación al requerimiento judicial vence el próximo 12 de junio.
“En esa fecha se presentará el dictamen del Ministerio Público”, dijo Vera.
Irregularidades
La administración de Vega Barreto (diciembre del 2010 hasta enero del 2013) estuvo plagada de desprolijidades, entre las cuales se le atribuye una mala utilización de más de G. 2.000 millones. Además la falta de rendición de cuentas de ingresos por cánones cobrados en la terminal de ómnibus y millonarios desembolsos a favor de comisiones vecinales cuyos representantes habrían denunciado que sus firmas fueron falsificadas. La denuncia se sustenta con testimonios de los concejales municipales y miembros de comisiones vecinales presuntamente fantasmas.
Pruebas
Entre las pruebas recolectadas en la etapa investigativa figura el informe del perito en Criminalística, Lic. Elvio Rojas Peña, que concluye que las firmas de catorce denunciantes, insertas en documentos (nota de solicitudes, certificados de compromisos de rendiciones de cuentas y planillas de transferencia a entidades educativas y sin fines de lucro), fueron totalmente falsificadas.
Concejales denunciantes
La denuncia fue radicada por los concejales Santiago Martínez (Tekojoja), Julio Colmán, Mirna Benítez, Alberto Fernández, Francisco Paniagua, Agustín Pío Ramírez (ANR), Víctor Villalba (Unace), Román Marín, Miguel Torres, Eliodoro Ruiz, Antonio Giménez, Carlos Santacruz (PLRA), debido a sospechas de mala utilización de recursos de la Municipalidad, de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de los ejercicios fiscales de 2012 e inicio del año 2013.