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SAN JOSÉ OBRERO, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional).- La Municipalidad local, administrada por el intendente Gustavo Troche (PLRA), entre el 2012 y 2013 recibió G. 1.061 millones correspondientes a los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Según denuncias de pobladores y concejales, ninguna de las obras que figuran en el balance fueron realizadas.
Las obras pagadas con Fonacide se iniciaron en febrero, en forma apresurada y deficiente, después de publicaciones de denuncias realizadas en nuestro diario. No hubo llamados a licitación, sino están a cargo de obreros contratados por el intendente Troche.
Uno de los organizadores de la protesta realizada ayer en la plaza céntrica es Alfredo González.
Manifestó que ninguna comisión vecinal o de productores recibió transferencia de la Comuna a pesar de haber presentado proyectos de desarrollo en diferentes áreas desde el 2010.
El concejal Mario Delvalle (Unace) manifestó que el jefe comunal no les paga la dieta desde hace once meses en represalia por las denuncias formuladas. Agregó que ayer se enteró de que la Comuna adquirió una gran cantidad de víveres para los comités de agricultores de la zona para que no se adhieran a la protesta en su contra.
Aseguró que la compra de las mercaderías no fue autorizada por la Junta Municipal. Es más, ni siquiera fue informada de la adquisición, indicó.
De hecho, a cien metros del lugar donde se realizaba la movilización, un camión descargaba una gran cantidad de mercaderías en el local comunal, entre los que se pudo observar paquetes de fideo y azúcar, entre otros.
El intendente Gustavo Troche negó que los víveres hayan sido entregados a personas que no se plegaron a la protesta en su contra.
Indicó que los veinte comités reconocidos del distrito solicitaron víveres para afrontar la situación crítica que están atravesando por efectos de la prolongada sequía.
Explicó que la entrega ya se estaba preparando desde hace seis meses y que fue casualidad que haya coincidido con la movilización en su conta.
Luego de varias denuncias, la Contraloría General de la República (CGR) dispuso el 12 de marzo la realización de una auditoría de la ejecución de los recursos de royalties y Fonacide, correspondientes al año 2013.