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LIMPIO (Juan Jara, corresponsal). Mediante la resolución N° 1813, del 12 de setiembre del 2006, los concejales limpeños del período 2001-2006 habrían autorizado al entonces intendente, Francisco Javier Aveiro (PLRA), además del pago de las supuestas dietas atrasadas a los ediles, el pago de varias obligaciones que debieron estar presupuestadas, como las transferencias a la Gobernación del departamento Central y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. El pago se realizó con lotes transferidos por la Urbanización Costa Azul por pago de impuestos inmobiliarios.
Según el artículo 169 de la Constitución Nacional, solo el 70% de la recaudación del impuesto inmobiliario corresponde a las distintas municipalidades. Mientras, el 15% debe ser transferido a las gobernaciones, y otro 15% a los municipios de menores recursos.
En tanto que la Ley 426/94, Orgánica Departamental, específicamente en su artículo 36, dice que estas transferencias deben ser depositadas a más tardar el 15 del mes siguiente a la recaudación en la cuenta bancaria del gobierno departamental. Es decir, mediante la resolución se reconocía que no cumplieron con las citadas leyes, como tampoco con las obligaciones que debieron estar presupuestadas.
Repartija de los lotes
Mediante la autorización de la Junta Municipal, se dio una suerte de repartija de los lotes fiscales. En la actualidad, según el inventario de bienes, menos del 50% figura como inmueble de la Comuna.
Las demás propiedades están en manos de algunos concejales municipales, que los recibieron por supuestas dietas atrasadas.
Entre los ediles supuestamente beneficiados están los colorados Carlos Sánchez, Deolinda Cáceres de Chioveta y Aurelio Clemente Cáceres. Entre los del PLRA figurarían Ignacio Benítez Ortiz, Ángel Darío Gómez Verlangieri (actual intendente), Bernabé Figueredo y Milciades Resquín.
Deudas de Optaciano
Según fuentes municipales, la mayoría de las deudas que arrastraba la Municipalidad corresponderían a la administración de Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA), como dietas y otros.
En ese sentido, Gómez Verlangieri expresó que el principal problema que tenía con los concejales con respecto a las dietas era que ellos le reclamaban el 10% del presupuesto total. Sin embargo, él tenía otro concepto con respecto al pago de los concejales, y debía ser sobre la ejecución y recaudación de cada año.