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El Farol SA tiene como presidente a José Fernando Vega, y como principales accionistas figuran Adelaida Cañete y su hijo Hans Herman Staseek. El exparlasuriano, exdiputado liberal y actual miembro del Directorio de PLRA Juan Alberto Antonio Denis Pintos y su esposa, Cristiane Shirlene Oliveira Ovelar, también integran la directiva como director titular y síndica suplente, respectivamente.
El Farol SA comenzó a operar a finales de la década del 90 con el servicio de recolección de basura en Fernando de la Mora, siendo intendente Federico Franco (PLRA). Desde 2009 explota un depósito para disposición final de basura en un predio arrendado por G. 100 millones anuales (desde abril G. 200 millones) al Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
A partir de entonces, creó empresas satélite que se encargan de la recolección y llevan los desechos a su vertedero para tratamiento o disposición final. Actualmente, en 12 de los 19 distritos operan las empresas vinculadas a El Farol SA mediante contratos leoninos firmados con las administraciones comunales.
Según nuestras fuentes, para eliminar la competencia en el rubro, El Farol SA presenta ofertas de compra a las otras empresas del rubro. Cuando no logra el objetivo, de acuerdo a las denuncias, presiona hasta conseguir una subcontratación para el servicio o acciones de las firmas del mismo ramo.
Actualmente, solo en Asunción, Capiatá, Limpio, Nueva Italia, Ypacaraí e Itauguá no está presente El Farol. En la capital, la recolección hace la Municipalidad y el tratamiento de residuos se realiza en la colapsada Cateura, administrada por Empo Ltda. y Asociados, representada por Enrique Ortuoste.
Según contrato firmado en 2005 con la Municipalidad de Asunción, Empo debía cerrar Cateura y habilitar un depósito de residuos a otro sitio, específicamente a Villa Hayes. El plan de abrir otro vertedero empezó en 2010, luego de la compra unas 200 hectáreas, a unos dos kilómetros del inmueble que explota El Farol SA.
Sin embargo, el proyecto fue frenado por medidas judiciales de la Municipalidad de Villa Hayes por acciones hechas por el exintendente Ricardo Núñez, integrante del clan Núñez junto con sus hermanos, el diputado Basilio “Bachi” y el exdiputado Óscar “Ñoño” Núñez, todos colorados. También, por movilizaciones encabezadas por el exganchero y actual accionista de algunas de las empresas satélite de El Farol SA, Lorenzo Alfonso.
Coincidentemente, luego de las protestas y de la “guerra” de medidas judiciales, el 19 de setiembre de 2014 El Farol le presenta a Empo una carta oferta para comprar la totalidad de los activos de la firma. Expresa que se trata de una empresa “con amplia experiencia en el rubro de tratamiento y disposición final de residuos, habiendo adquirido una gran solvencia económica por el esfuerzo constante en el transcurso de los años”. (Ver facsímil).
En principio, la propuesta de compra era por un valor de dos millones de dólares. El documento lleva la firma de Adelaida Cañete.
Rechazo
El representante de Empo, Enrique Ortuoste, afirmó que rechazaron la oferta de compra, y que desde entonces surgieron hechos llamativos. Mencionó una medida cautelar que prohíbe el ingreso de basura del departamento Central a Cateura y la quema de dos camiones que estaban trabajando en la adecuación del predio en Villa Hayes.
Indicó que desde un principio los actos vandálicos apuntaban a El Farol SA. Pero el asesor jurídico de esta empresa, abogado Julio Godoy, en visitas a nuestra redacción negó cualquier tipo de vínculo y aseguró que fueron montajes para inculpar a la empresa.
Inicios
El fuerte respaldo político que tiene El Farol SA permitió la aprobación de una ley para que el Estado paraguayo le venda 500 hectáreas de la finca 916 del Ministerio de Defensa Nacional, de las cuales ocupa 50 hectáreas desde 2009. El proyecto fue presentado el 3 de diciembre de 2013 por el diputado Tomás Rivas y el ahora exdiputado Óscar Núñez, ambos colorados.
La legislación tuvo promulgación automática el 7 de junio último, según fuentes, mediante la presión de Bachi Núñez (ANR). Pero la norma tiene datos erróneos referentes a límites.
Atenta contra la Constitución
El esquema para monopolizar el negocio de la recolección y disposición final de residuos atenta contra la Constitución Nacional. La Carta Magna, en su artículo 107, “De la libertad de concurrencia”, indica taxativamente que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Además se garantiza la competencia en el mercado. “No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal”, indica claramente la Constitución Nacional. El monopolio está prohibido ya que permite la especulación de precios porque una empresa define las reglas del mercado en perjuicio de los ciudadanos, pero las autoridades que deben velar por el cumplimiento de las leyes y la Constitución Nacional, en lugar de evitar, apoyan las acciones para el monopolio del negocio de la basura, principalmente en el Departamento Central.