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LUQUE (Gladys Villalba, corresponsal). La Junta Municipal de esta ciudad derogó por unanimidad, el 21 de diciembre del año pasado, la Ordenanza Nº 19/2016 por la cual se autoriza “el servicio de modernización de la gestión tributaria y catastral de la Municipalidad”. La decisión se dio luego de un pacto entre ediles colorados y liberales.
Con la referida derogación, el contrato firmado en el 2017 por la Comuna luqueña, administrada por el intendente Carlos Echeverría (colorado cartista), con el Consorcio Tributario, integrado por Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay SA, representada por Diego Cardona, también debía ser rescindido.
La firma fue adjudicada por 15 años, pese a las denuncias del proceso plagado de irregularidades y a la violación de los artículos 169 y 170 de la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Además, se estipulaba que se llevarían el 27% de lo recaudado por año en concepto de impuestos.
La derogación de la ordenanza fue promulgada sin contratiempos por Echeverría, el 3 de enero pasado.
Último “golpe”
El Consorcio Tributario, como último “golpe” a la ciudadanía luqueña, ahora pretendería exigir la indemnización de un millón de dólares, unos G. 6.000 millones al cambio actual, por la rescisión del contrato.
Según nuestras fuentes, detrás del cobro estarían el propio intendente Echeverría y los concejales que votaron a favor de la anulación del acuerdo. Afirman que el dinero sería repartido entre los ediles, el empresario y el jefe comunal, que pretende su reelección.
Incluso, de acuerdo a los datos, dentro de la repartija también estaría el exsenador Óscar González Daher, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y denuncia falsa. El exlegislador estaría influenciando en la justicia para conseguir el fallo a favor de Consorcio Tributario, aseguran nuestras fuentes.
Intendente niega
Por su parte, el intendente Echeverría calificó de inmadura e irresponsable que le vinculen con la repartija del dinero que estaría exigiendo la empresa privada como indemnización. Dijo también que no tiene ningún interés en una reelección en el cargo.
Añadió que la empresa sí o sí va a accionar judicialmente y que la Municipalidad va a defenderse. “Al pedir un resarcimiento, como de G. 6.000 millones, tienen que justificar por qué piden ese monto”, declaró.