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El representante de Empo Ltda. & Asociados, Enrique Ortuoste, señaló que el contrato privado firmado el 21 de enero de 2013 y en el cual se reparten la “exclusividad” de la disposición final de la basura con su principal competencia El Farol SA se firmó porque le obligaron altos directivos de la Secretaría del Ambiente (Seam) de ese entonces. Ortuorse, sin embargo, no quiso dar nombres.
Los principales accionistas de El Farol SA son Adelaida Cañete y su hijo Hans Staseek.
Empo Ltda. & Asociados explota desde el 19 de agosto de 2005 el vertedero Cateura, de Asunción. La empresa debía clausurar ese sitio y habilitar un depósito de residuos a otro lugar, en un radio menor a 30 kilómetros de la capital de nuestro país, pero la “mudanza” no se concretó porque fue judicializado por El Farol.
Por otro lado, desde el 14 de enero de 2009 El Farol alquila 500 hectáreas de la Finca 916 ubicada en Villa Hayes, del Ministerio de Defensa, para la disposición final de basura. La firma arrienda el predio por el irrisorio monto de G. 100 millones anual, mientras que el negocio maneja más de G. 53.913 millones por año.
Acuerdo
En medio de una “guerra” por el dominio del negocio de la basura, ambas empresas firmaron a espaldas del Estado un contrato en el cual se reparten la “exclusividad” del manejo de un servicio de carácter público regulado por instituciones estatales.
En la cláusula tercera del documento El Farol SA declara y manifiesta que no autorizará el ingreso a su vertedero de ningún tipo de residuos sólidos domiciliarios que provengan de la ciudad de Asunción a excepción de los residuos provenientes de servicios especiales, como ser contenedores, residuos industriales y otros.
Mientras que en contrapartida, Empo Ltda. & Asociados declara y manifiesta que no autorizará el ingreso a su relleno sanitario (Cateura) de ningún tipo de residuos sólidos que provengan de los departamentos Central y Presidente Hayes a excepción de los desechos urbanos que remita El Farol SA, que a su vez se compromete a enviar un mínimo de 10 vehículos diarios los cuales servirán para el sustento de los segregadores (gancheros) del área metropolitana.
En la cláusula cuarta del contrato, ambas empresas se “autorizan” entre sí sobre el dominio de recepción de basura. Es así que El Farol SA maneja el vertedero de Remansito, mientras que Empo se encarga de Cateura.
En la cláusula quinta Empo manifiesta que posee una propiedad en Villa Hayes, la cual cuenta con licencia ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario intermunicipal. Sin embargo, las partes acuerdan la prosecución en forma conjunta del proyecto y en caso de surgir conveniente durante la puesta en operación las empresas se comprometen a acordar en un contrato posterior las condiciones. Es decir, tanto El Farol SA como Empo “regulan” el negocio de la disposición final de residuos.
La cláusula octava del convenio establece que en caso de controversias las partes se someterán, primeramente a un Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Paraguay, cuyo fallo podrá ser apelado en los tribunales y ante jueces competentes dentro de la República del Paraguay.
El representante de Empo, Enrique Ortuoste, señaló ayer que el documento no se firmó a espalda del Estado, porque, según afirmó, fue el mismo Estado que “a través de altos directivos de la Seam (Secretaría del Ambiente)” de ese entonces obligaron a la empresa a rubricar el acuerdo de intenciones. En caso contrario, amenazaron con no renovar la licencia ambiental de Cateura, que vencía el 31 de enero de 2013.
Ortuoste no quiso dar los nombres de los “altos funcionarios de la Seam”, pero recordó que fue cuando Federico Franco ejercía la Presidencia de la República, a quien se lo vincula con El Farol SA.
En todas las ocasiones Franco negó toda vinculación con El Farol SA, aunque la empresa comenzó a operar cuando él se desempeñaba como intendente de Fernando de la Mora.
Ortuoste indicó que el documento no se firmó libremente como afirmó El Farol SA a través de un espacio reservado publicado en nuestro diario el lunes último. Incluso, dijo que el acuerdo fue incumplido por El Farol SA en varias cláusulas, como la falta de remisión de 10 camiones diarios de residuos a Cateura para el sustento de los gancheros del área metropolitana de la Asociación, denominada Cosigapar, lo cual generó varios inconvenientes de índole social, afirmó.
El funcionario agregó que El Farol SA tampoco cumplió con la cláusula octava que establece que se debe recurrir a un tribunal de arbitraje para dirimir las diferencias. “Recurrieron a una medida cautelar ilegal en el Juzgado de San Lorenzo emitida por la exjueza Blanca Rojas, cesada en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por varias irregularidades”, expresó.
Agregó que Empo ganó el juicio en primera instancia el 16 de diciembre de 2016, “pero fue apelado nuevamente por El Farol para mantener la medida cautelar vigente hasta la fecha. El Farol presentó múltiples recusaciones e incidentes procesales con el único interés de dilatar la resolución del Tribunal de Apelaciones”, expresó.
Indicó que el 25 de julio de 2018 quedó firme la terna del Tribunal de Apelaciones para tratar el tema, pero sugestivamente desde la Corte Suprema de Justicia pidieron el expediente para la “vista” de un miembro de la Corte, pero no dio nombre del ministro.
Ortuoste señaló que Empo no tiene ningún tipo de vínculo con El Farol y reconoció que en forma particular intentó trabajar con Adelaida Cañete, accionista de la recolectora Eco Reciclados (Ecoresa), que opera en San Lorenzo. Aseguró que luego desistió por desavenencias.