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Los propietarios de esas fábricas están imputados por procesamiento ilícito de desechos y la desobediencia a las leyes ambientales.
Para tratar de anular la sanción impuesta, los ediles proponen implementar el plan de contingencia en carácter de urgencia, que consiste en la construcción de una planta de tratamiento provisoria de efluentes, hasta tanto se concluya la instalación de equipamientos definitivos, explicó el intendente municipal, Abog. Isabelino Silva.
La resolución señala que la ley orgánica municipal permite a la Municipalidad contraer créditos y fideicomisos públicos y privados, nacionales e internacionales. Y también que le permite contratar y hacer obras, servicios y otros.
En ese contexto, la Junta Municipal resolvió otorgar las “prerrogativas” al intendente Silva, a los efectos de buscar la contratación de una empresa encargada de la construcción de la planta de tratamiento de efluentes.
La constructora deberá demostrar experiencia en dicho rubro y plena solvencia para cumplir en plazo y forma con la puesta en funcionamiento de las instalaciones, agrega la disposición.
El intendente recuerda que el paro de actividades de las curtiembres afecta a unas 2.000 familias que directa e indirectamente dependen del procesamiento del cuero. Dicha situación está generando un grave problema social, se indicó.
El cese de actividades de 17 de las curtiembres fue dispuesto por las fiscalas del ambiente Sandra Torres y Cynthia Lovera.
Dicha determinación asumió el Ministerio Público tras denuncias de contaminación ambiental y de cauces hídricos, más la manifestación constante que hicieron los ciudadanos.
Para el proyecto de la planta de tratamiento la Municipalidad cuenta con un predio de 17 hectáreas.
La obra demandará una inversión de unos G. 4.500 millones.