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CORPUS CHRISTI, Dpto. de Canindeyú (Rosendo Duarte, corresponsal). El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Servín, se refirió escuetamente al tema arrendamientos de tierras indígenas, limitándose a decir que “en este momento no es esa la discusión”. Fue durante el encuentro entre los integrantes de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional con los ava guarani realizado el viernes en la comunidad “Y’apo” de este distrito de la colonia La Fortuna.
Servín dijo que hay gente que afirma que los indígenas solo quieren tierras para arrendar, “pero el tema ahora es la violación de los derechos, la libertad, la seguridad y la autonomía de los nativos”. Durante el encuentro, sin embargo, se pudo saber que no solo las tierras de los ava guarani de las colonias Fortuna y Yvy Pytã están alquiladas, sino de la mayoría de unas treinta comunidades indígenas de la zona.
El arrendamiento de las tierras indígenas se realiza en forma ilegal porque está prohibido por la Constitución Nacional. Además, los beneficios no llegan a los pobladores de las comunidades considerando el estado de miseria en el que viven.
Las autoridades municipales de la región, que pidieron no ser nombradas por tratarse de un tema “antipopular”, afirmaron que la mayoría de los asentamientos indígenas están arrendados casi en un 80 por ciento para cultivos agrícolas a gran escala (soja, maíz y trigo) y solo una mínima parte usan para habitar los nativos.
Otro de los datos comentados por las autoridades y pobladores de Corpus Christi es que existe actualmente una masiva migración de indígenas hacia territorio brasileño, donde consiguen documentarse fácilmente y reciben una pensión del Gobierno del vecino país. Esta situación sería consecuencia de la lucha constante por el dinero que resulta del arrendamiento; cuanto menos indígenas, mayor la repartija para quienes manejan el negocio, según las fuentes.
Pedido de informe
A pedido de la diputada Cristina Villalba (ANR), la Cámara de Diputados dictó una resolución solicitando al Indi un informe completo sobre la superficie de tierra que tienen los indígenas en el XIV departamento y la cantidad que está en poder de terceros y bajo qué régimen o autorización. El Indi tiene 15 días de plazo para responder.
En el departamento de Canindeyú el arrendamiento de tierra para cultivo de soja y otros rubros se cotiza a 14,5 a 16,5 bolsas por hectárea, aproximadamente. Cada bolsa de soja, por ejemplo, se vende hoy a 25 dólares.
Sobre un cálculo hipotético de 10.000 hectáreas de tierras indígenas arrendadas (sería mucho más), sobre la base mínima de 14,5 bolsas/hectárea, se tiene una renta por zafra de U$$ 3.480.000, que al cambio actual del dólar es de unos G. 15.660 millones.