Cargando...
El holding empresarial familiar compró por apenas 1.250 millones de guaraníes la propiedad que, según fuentes oficiales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) consultadas por nuestro diario, oscilan en un valor total de G. 15.000 millones. La operación que fue revocada estaba consumando varios delitos tipificados por la ley, incluidos lesión patrimonial y atropello de la Constitución Nacional.
Escandalosa historia
Pese a vivir en Ciudad del Este, la abogada Julia Beatriz Vargas Meza convenció a Quesnel que ocupaba tierras en el departamento de Boquerón. Con aprobación del Poder Judicial terminaron vendiéndole 25.000 hectáreas de tierras del pueblo ayoreo por 1.250 millones de guaraníes cuando el precio ronda los G. 15.000 millones, significando una lesión patrimonial de por lo menos G. 14.000 millones de guaraníes.
La apropiación fue tan escandalosa que en el título de transferencia hicieron hasta figurar una supuesta inspección “ocular” donde constataron que la abogada ocupaba las tierras… pero nunca vieron a los indígenas que realmente viven en ellas. La abogada de marras, sin embargo, vive en el barrio San Blas de Ciudad del Este.
¿Quién es la compradora de tierras ancestrales de los indígenas que tuvo tanto poder para esta adquisición? Julia Beatriz Vargas es una abogada de 39 años que trabaja para Agrofertil, perteneciente a una familia de sojeros brasileños apellidada Sarabia (Humberto, José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar , Marly de Sarabia y Adilson Benito Antonio Junior). Además de estar ligada a la fachada comercial, Vargas también funge como directora ejecutiva de un Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación (Cetedi) vinculado a la misma familia.
El despojo
Vargas promovió el 23 de marzo del 2010 una demanda judicial a través de la Procuraduría General de la República pidiendo la cancelación de inscripción de las tierras y reivindicación del inmueble de propiedad del Instituto del Indígena (Indi) a través del abogado Carlos Omar Acosta Caballero.
El 5 de setiembre del 2012 pidió por nota la regularización de su supuesta ocupación dentro de un inmueble, a 35 kilómetros al sur de Teniente Pico, en el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que había adquirido el Indi en 1996. Irónicamente el domicilio de la abogada figura en el barrio San Blas de Ciudad del Este, a más de 1.000 kilómetros del lugar que ella decía ocupar en sus reclamos.
Hasta la venta de las tierras -revocadas ayer por el mismo titular del Indi que antes decidió venderlas- nadie en la zona de Boquerón había oído hablar de la abogada Vargas. Ni el grupo atetadiegosode del pueblo ayoreo que volvió a sus tierras en el 2010, ni los peones, ni los estancieros de la zona; nadie supo de ella hasta el día en que Rubén Quesnel, actual titular del Indi, vendió las tierras de los ayoreos.
La propiedad fue vendida a un precio alevosamente inferior al precio de mercado, sin contar con que pasaron por encima de la Constitución Nacional.
Los compradores reales
La empresa Agrofertil SA fue conformada en el 2001 por los brasileños José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia, Antonio Ivar Sarabia, Marly Aparesida Pelisson Sarabia y Adilson Benito Antonio Junior. El mismo grupo conformó el centro de Desarrollo e Investigación - Cetedi, dos años después, donde la abogada y compradora de las tierras de los indígenas figura como directora ejecutiva.
Un detalle no menos curioso, hasta el Cetedi opera en Alto Paraná, muy lejos del departamento de Boquerón. Los ciudadanos brasileños están vinculados también a otras importantes empresas relacionadas a importaciones, productos agroquímicos, equipamientos y otros insumos. En la lista de firmas aparecen también Tecnomyl SA, Agropecuaria Produza SA, Agrosilo Ibi Pora, Granos SRL y hasta un condominio. La gran mayoría de ellos trabajan en el ámbito de la elaboración y comercialización de agroquímicos, compra y venta de soja y otros granos, y la explotación de la actividad agropecuaria en general.
Alevosa subfacturación
El precio pagado por los brasileños por las tierras indígenas es irrisorio, no alcanza ni el 10% del valor real. En otros términos, la propiedad costaría como 15 veces más el precio abonado según fuentes oficiales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) consultadas por nuestro diario.
En 1996, el Indi adquirió las tierras a 50.000 guaraníes por hectárea, por un monto total de 1.250.000 guaraníes. Con la excusa de recuperar la inversión, en noviembre del 2012, Quesnel vendió las tierras al mismo precio.
Nuestro diario pudo confirmar con varios estancieros que las propiedades en la zona mencionada tienen un precio de mercado mínimo de 600.000 guaraníes la hectárea, muy distinto a los 50.000 guaraníes vendidos por el Indi. Las 25.000 hectáreas tendrían un valor total mínimo de 15.000 millones de guaraníes, significando un perjuicio de por lo menos 14.000 millones de guaraníes al patrimonio estatal.
mabel@abc.com.py
mayra.rivarola@abc.com.py