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MBUYAPEY, Dpto de Paraguarí (Aldo Lezcano, Corresponsal). A unos 20 kilómetros de esta ciudad, en la compañía La Rosa, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está generando preocupación entre antiguos propietarios y poseedores de unas 1.000 hectáreas de tierras en total, la mayoría de ellos pequeños ganaderos.
Los mismos están recibiendo frecuentes anuncios de que sus tierras ya no son de ellos y que el Indert se las dría a miembros de una comisión de “sintierras” denominada San Ramón, refiere uno de los afectados de nombre Adolfo Franco.
Según los documentos, el Indert en su momento recibió una oferta por 1.059 hectáreas de un supuesto propietario de nombre Juan Benito Enrique Chávez. Y pese a que había claros problemas de títulos, a fines de 2014, bajo la actual administración de Justo Cárdenas, el Indert pagó en forma directa, por la vía de la excepción, la suma de G. 4.947.969.891.
Extrañamente, en la aceptación de la oferta se menciona que la propiedad tiene 1.059 hectáreas, pero en el comprobante de pago figuran 899 hectáreas.
Llamativamente, todas las tierras compradas por el Indert ya tienen dueños que exhiben legítimos títulos. En su mayoría son pobladores antiguos que se dedican a la producción ganadera, ya que mayormente esas tierras sirven solo para ese menester.
Los propietarios solo se dieron cuenta de la intención de despojarles de sus parcelas el mes pasado, cuando se empezó una mensura. A tal efecto se constituyeron la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Paraguarí, abogada Nancy Azurina Cabrera; el asesor de Indert abogado Carlos Soler, el topógrafo de la institución ingeniero Gustavo Caballero y cerca de un centenar de miembros de la comisión vecinal San Ramón, liderada por Belisario Benítez.
Otro de los afectados es Carlos Farías. Manifiesta que él compró más recientemente, pero que ya realizó millonarias inversiones en el lugar, en construcción de casa, corrales, bretes, cercados y otros, y que ahora, debido a lo ocurrido, está muy preocupado al igual que sus vecinos.
El representante legal de algunos de los afectados, abogado Horacio Bogado, dijo a ABC que no entiende cómo una institución del Estado puede efectuar la adquisición millonaria de un terreno sin verificar previamente las condiciones de dominio, ocupación y posesión del mismo.
El solo hecho de que exista una importante diferencia de superficie en los documentos hubiese sido motivo suficiente para hacer un análisis exhaustivo del bien que se iba a adquirir. “Pero el asesor del Indert respondió que él no realizó la compra, sino que fue Justo Cárdenas, presidente de la institución, acotó el abogado.