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La resolución N° 61/16 de la Secretaría del Ambiente (Seam), con fecha 26 de enero de 2016, sanciona a El Farol SA, de Adelaida Cañete, con una multa de 3.100 jornales mínimos legales (G. 217.483.600, en ese entonces) por incumplir el artículo 14 de la Ley N° 3956/09 “Gestión integral de los residuos solidos en la República del Paraguay”. La decisión fue tras una intervención realizada el 18 de diciembre de 2015 por la institución estatal en la finca 916, propiedad de Defensa Nacional, ubicada en Villa Hayes.
El predio es arrendado por la empresa mediante un contrato leonino, según la Contraloría General de la República (CGR). El documento menciona que uno de los hechos constatados en la visita fue la falta de cumplimiento del plan de gestión ambiental que incluye medidas de mitigación y otras medidas para el impacto sobre el ambiente como agua, aire, suelo y medio biótico. También se encontró una deficiente gestión del lixiviado (agua contaminada emanada por los desechos) que se genera en los módulos que están en operación.
En ese entonces El Farol SA en un intento de tapar el daño argumentó que la situación fue consecuencia de las últimas precipitaciones. Sin embargo, la resolución exigía a la empresa que cumpla las normas ambientales.
Aguas subterráneas
El resultado de otro análisis de la Seam realizado con anterioridad, el 27 de marzo de 2012, con la toma de muestras de cinco pozos de monitoreo del relleno sanitario, se encontró que los valores del cadmio superan los parámetros establecidos y el del plomo se encuentra en el límite. Estos metales pesados son considerados altamente cancerígenos. Igualmente ya se hace mención de la mala gestión de los residuos, pero al parecer nunca cumplió.
La Seam en ese entonces hablaba de la necesidad de próximos análisis como medida de precaución como también exigencia del plan de mitigación ambiental.
Pese a estos y otros antecedentes de incumplimiento de las leyes ambientales el Congreso aprobó el 17 de mayo último la venta de las 500 hectáreas del inmueble a El Farol SA. El grosero plan fue orquestado por el “Clan Núñez”, integrado por los hermanos Basilio “Bachi” (ex asesor presidencial y diputado electo), el diputado Óscar y Ricardo (exintendente de Villa Hayes).
La promulgación o veto está ahora en manos del presidente Horacio Cartes.