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La reinante impunidad, la informalidad de contar con animales sin marca y señal, sumadas a la inacción de las municipalidades que no garantizan la calidad de la producción cárnica y de la Policía Nacional en efectuar un control estricto del ingreso y salida de vacunos desde y hacia los distritos, son las causas que alientan a los cuatreros a seguir delinquiendo.
En el departamento de Caaguazú se robaron unas 300 reses, de enero a junio. Solo ocho animales fueron recuperados.
De acuerdo a los datos brindados por la Fiscalía, se roban unas dos cabezas de ganado por día. Las más perjudicadas son aquellas familias que tienen en sus granjas o viviendas dos o tres vacas lecheras y bueyes, conocidos como pequeños productores.
La mayoría de los veintiún distritos de la región cuenta con un matadero, pero también otorgan permisos para faenar en las compañías.
Las autoridades comunales se “lavan las manos” y no asumen la responsabilidad de controlar los mataderos, carnicerías y puestos informales de venta de carne vacuna.
Argumentan que la extensión de los distritos les imposibilita el estricto control en los mataderos privados y los faenamientos que se dan en las compañías, así como la escasa cantidad de agentes de la Policía Nacional para controlar la entrada y salida de la carne. Estos serían, según sostienen, los pilares que sustentan el floreciente mercado negro.
La Policía Nacional asignó a unos 900 efectivos para garantizar la seguridad de todo el departamento de Caaguazú, que tiene unos 11.474 km2 de dimensión. De estos 900 agentes, 5 policías integran la Brigada Especializada Antiabigeato (BEA). Esta brigada no da abasto ante tantos robos.
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