Cargando...
ENCARNACIÓN (José Miguel González, de nuestra redacción regional). Tras la brutal agresión a nuestro corresponsal Juan Augusto Roa en la apertura de los corsos 2018 por parte de guardias, ocurrida en la noche del viernes, ayer se esperaba que la Comisión del Carnaval rescindiera contrato con la empresa Marcos Villasboa Asociados (MVA). Sin embargo, eso no ocurrió.
Peor aún, funcionarios municipales que realizan la limpieza del sambódromo también “fueron echados como animales por los guardias de seguridad, cuando nuestra misión era nada más que entrar y limpiar”, se quejó ayer por la mañana el ingeniero Andrés González, director de Aseo Urbano de la Municipalidad.
“Fuimos sacados de muy mala manera, es una lástima que tengamos que ser tratados de esa forma. Ya no vamos a limpiar el sambódromo, solo el entorno de afuera y la costanera porque vinieron con garrote a sacarnos, no nos hacemos responsables de la suciedad que pueda quedar adentro”, manifestó González.
La Comisión del Carnaval paga G. 90 millones a la empresa MVA. No obstante, intentó deslindar responsabilidad al argumentar que los guardias que agredieron al periodista de ABC Color son de una empresa tercerizada, es decir, subcontratada por MVA.
“Se cambió la empresa de seguridad. Me imagino que ellos tenían la directiva de que nadie tenía que cruzar, por eso seguramente actuaron así”, arguyó el presidente de la Comisión del Carnaval, José Remezowski. Agregó que se iba a reunir con el encargado de la empresa de seguridad contratada, a quien identificó como Darío Núñez.
Quiero darles la tranquilidad de que vamos a actuar al respecto. Ese no es nuestro espíritu, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no vuelva a ocurrir con nadie. Lamentamos el suceso”, señaló Remezowski, quien no quiso dar los nombres de los agresores de Roa.
El local de la empresa MVA se encuentra en calles Mburucuyá y avenida Víctor Matiauda del barrio Quiteria. Según los vecinos está hace seis años y solo se dedica a pintar cartelería para las playas de Encarnación.
Luego de verificar el local intentamos hablar con Remezowski y Marcos Villasboa, pero no atendieron nuestras llamadas telefónicas.
Falta de transparencia
La Comisión del Carnaval año a año recibe un importante aporte del gobierno departamental y municipal. Sin embargo, el manejo financiero no es transparente, ninguna institución investiga los destinos de los recursos y continúan recibiendo dinero público.
La deuda que arrastra es de G. 7.000 millones, según Remezowski. Indicó que el pasivo nunca se pudo bancarizar porque el balance de la Comisión del Carnaval, encabezada por Julio Müller en 2013, no fue aprobado. Ese año, al asumir Víctor Bogarín, el pasivo era de 1.800 millones.
Según Remezowski, desaparecieron documentos importantes que hubieran contribuido a conocer en profundidad los gastos realizados.