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La mayoría de la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso aprobó el 10 de abril de este año la derogación de la resolución 134/2010 mediante la cual se reconoce a la Urbanización Surubi’i como un club de campo. Se trata de los mismos concejales que en el año 2016 aprobaron la homologación del reglamento de la Asociación de Propietarios del Club de Campo Surubi’i. Esto indica que hace tres años daban por hecho que el sitio funciona como tal desde el año 1978, es decir, desde hace 40 años.
El curioso cambio de postura se constituye en un indicio más de un posible soborno con la entrega de lotes a la mayoría de los concejales municipales. El soborno está penado, según artículos 300 y siguientes del Código Procesal Penal.
El cambio de decisión se habría dado luego de concretarse una donación de lotes por parte del arquitecto Juan Fadul Niella, quien con el discurso de desarrollar un proyecto inmobiliario de inclusión social apuntaba a la anulación de la normativa.
La entrega de terrenos benefició a los concejales municipales Félix Arrúa (PLRA), Felipe Brítez (PPC), Christian Jorgge (PLRA), Rodney Otto Orué (PSD), Julián Vega (ANR), Emanuel Verón (ANR) y Juan Walberto Zárate (ANR). También a Emilio Camacho Paredes, que estaba en la terna de candidatos a ocupar el cargo que quedó vacante tras la destitución del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sindulfo Blanco.
Por otro lado, los ediles Jorge Magno Candia (ANR), Delio Saldívar (PLRA) y Santacruz Garay (ANR) les usaron a sus hijos para recibir la donación. Se trata de Ana Paula Candia Santacruz, David de Jesús Saldívar Zaracho y Santy Rumario Garay Fabio, respectivamente.
La artimaña de los beneficiados, que en todo momento apuntaron a la derogación de la resolución del año 2010, fue disfrazada con una campaña que denominaron “Pro soberanía y libertad”.
En una nota presentada el 26 de enero de 2019 a la Municipalidad de M. Roque Alonso, algunos de los beneficiados con la “entrega gratuita” de lotes solicitan la liberación de espacios públicos y calles. Sin embargo, no se presentan como nuevos propietarios de un inmueble dentro del club de campo.
Una investigación del Ministerio Público, que podría ser de oficio, permitiría conocer los alcances de la decisión de la Junta Municipal sobre la urbanización, ya que estaríamos ante un delito configurado en el Código Penal Paraguayo.