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El abogado Héctor Sosa Gennaro, contratado por el instituto, habla de solicitar en juicio la nulidad del título y de la transferencia, sin perjuicio de otras acciones para el finiquito de la obligación pecuniaria de 3.474.236.659 guaraníes, que la Diócesis debe al Indert."Yo no necesito autorización para demandar, mientras el presidente o algún representante del Indert no me llame, haré lo que tenga que hacer. Para mí debe hacerse un juicio de nulidad de ese título, sin perjuicio de iniciar un juicio por el cobro del crédito. Yo mañana demando esto si es que quiero, nadie me dijo que pare", dijo Sosa Gennaro, cuyo estudio jurídico fue contratado para tratar el caso de las deudas con la institución.
El obispo diocesano, monseñor Claudio Giménez, afirmó que lo que el abogado Sosa Gennaro dice es completamente falso. "Es falso todo eso. Nosotros estamos en contacto directo con el Indert. Estamos solucionando justamente el problema en forma directa", indicó.
En cuanto a las deudas de aquella época, dijo que fueron pagadas, en parte, y que la otra parte, que quedó pendiente, ya prescribió hace muchos años. El obispo se sustenta por sobre todo en la prescripción de la obligación, no siendo pasible de ninguna acción judicial para el cobro, ni la devolución del terreno, según su parecer. "Acabo de hablar con el presidente del Indert, y me dijo que esto ya se finiquitó todo y ya se va a solucionar en forma definitiva", manifestó Giménez.
Para el obispo el caso es un hecho muy antiguo que ya no tiene razón de ser. "Nosotros tenemos un contacto directo con el presidente del Indert (Eugenio Alonso) y él me acaba de decir que esto está todo solucionado", comentó.
Sobre la postura del abogado Héctor Sosa Gennaro, Giménez dijo que "esa es la versión del abogado, que vaya y hable con el presidente del Indert y la versión es diferente. El abogado dice una cosa, el presidente del Indert dice otra cosa", agregó.
Según el obispo, el presidente del Indert solicitó al abogado externo (Sosa Gennaro) que no inicie ninguna acción judicial contra la diócesis. Ante esto, el abogado dijo que no tiene ninguna orden del Indert para dejar de actuar en ningún caso, tampoco en el de la diócesis.
"Esa conversación que tuvo el monseñor con el presidente del Indert yo desconozco, no digo que tuvo o que no tuvo. Yo hasta hoy día no tengo una orden para suspender la gestión de cobro", aclaró Sosa Gennaro.
Monseñor Giménez explicó que no obra en sus archivos ni registros ninguna deuda por el inmueble en cuestión, así como tampoco en el título de propiedad se hace mención alguna a deudas.
"Advertimos que tampoco obran ya en nuestro poder documentos que respalden los pagos realizados, habida cuenta de que el plazo legal para la custodia de los comprobantes legales ha transcurrido en el tiempo en exceso", expresó.
Por su parte, el abogado Héctor Sosa Gennaro relató que él fue contratado por el Indert para realizar el cobro de deudas y para representar legalmente al instituto en los juicios que le fuesen encomendados. "Me entregaron una serie de juicios, entre los que se me entregó para el inicio de este juicio contra la Diócesis de Caacupé", relató.
Mencionó que por la delicadeza del caso y para no estar demandando a la Diócesis de Caacupé, el letrado buscó primeramente conversar con el obispo, recibiendo muchas evasivas. "En primer lugar me dice que ya prescribió la deuda", dijo Sosa Gennaro.
El abogado manifestó que la ley del Indert habla de un plazo de 10 años de prescripción de los créditos. "En último caso yo no le estoy pidiendo el crédito, que creo que no han de tener para pagar, en último caso lo que puede hacer es devolvernos la propiedad", indicó.
Lo más grave para el abogado es que existe un apoderamiento irregular del terreno. "Acá hay un apoderamiento irregular de la propiedad, está mal, yo no me puedo hacer de una propiedad sin haber pagado nunca, y encima poner como pretexto la prescripción", reclamó. "Entonces la Iglesia Católica le morfó al Estado paraguayo 1.500 hectáreas", acotó.
Actualmente Tupãsy Estancia no está siendo explotada por la Diócesis de Caacupé. La misma la arrienda un ganadero caacupeño de nombre Peter Kennedy. El arrendatario estaría pagando una suma a la diócesis por las tierras. En el lugar el mismo posee alrededor de 500 cabezas de ganado.
"Es una estancia que nosotros hemos alquilado. No estamos manejando de forma directa esa estancia", dijo el obispo Giménez.
El obispo diocesano, monseñor Claudio Giménez, afirmó que lo que el abogado Sosa Gennaro dice es completamente falso. "Es falso todo eso. Nosotros estamos en contacto directo con el Indert. Estamos solucionando justamente el problema en forma directa", indicó.
En cuanto a las deudas de aquella época, dijo que fueron pagadas, en parte, y que la otra parte, que quedó pendiente, ya prescribió hace muchos años. El obispo se sustenta por sobre todo en la prescripción de la obligación, no siendo pasible de ninguna acción judicial para el cobro, ni la devolución del terreno, según su parecer. "Acabo de hablar con el presidente del Indert, y me dijo que esto ya se finiquitó todo y ya se va a solucionar en forma definitiva", manifestó Giménez.
Para el obispo el caso es un hecho muy antiguo que ya no tiene razón de ser. "Nosotros tenemos un contacto directo con el presidente del Indert (Eugenio Alonso) y él me acaba de decir que esto está todo solucionado", comentó.
Sobre la postura del abogado Héctor Sosa Gennaro, Giménez dijo que "esa es la versión del abogado, que vaya y hable con el presidente del Indert y la versión es diferente. El abogado dice una cosa, el presidente del Indert dice otra cosa", agregó.
Según el obispo, el presidente del Indert solicitó al abogado externo (Sosa Gennaro) que no inicie ninguna acción judicial contra la diócesis. Ante esto, el abogado dijo que no tiene ninguna orden del Indert para dejar de actuar en ningún caso, tampoco en el de la diócesis.
"Esa conversación que tuvo el monseñor con el presidente del Indert yo desconozco, no digo que tuvo o que no tuvo. Yo hasta hoy día no tengo una orden para suspender la gestión de cobro", aclaró Sosa Gennaro.
Monseñor Giménez explicó que no obra en sus archivos ni registros ninguna deuda por el inmueble en cuestión, así como tampoco en el título de propiedad se hace mención alguna a deudas.
"Advertimos que tampoco obran ya en nuestro poder documentos que respalden los pagos realizados, habida cuenta de que el plazo legal para la custodia de los comprobantes legales ha transcurrido en el tiempo en exceso", expresó.
Por su parte, el abogado Héctor Sosa Gennaro relató que él fue contratado por el Indert para realizar el cobro de deudas y para representar legalmente al instituto en los juicios que le fuesen encomendados. "Me entregaron una serie de juicios, entre los que se me entregó para el inicio de este juicio contra la Diócesis de Caacupé", relató.
Mencionó que por la delicadeza del caso y para no estar demandando a la Diócesis de Caacupé, el letrado buscó primeramente conversar con el obispo, recibiendo muchas evasivas. "En primer lugar me dice que ya prescribió la deuda", dijo Sosa Gennaro.
El abogado manifestó que la ley del Indert habla de un plazo de 10 años de prescripción de los créditos. "En último caso yo no le estoy pidiendo el crédito, que creo que no han de tener para pagar, en último caso lo que puede hacer es devolvernos la propiedad", indicó.
Lo más grave para el abogado es que existe un apoderamiento irregular del terreno. "Acá hay un apoderamiento irregular de la propiedad, está mal, yo no me puedo hacer de una propiedad sin haber pagado nunca, y encima poner como pretexto la prescripción", reclamó. "Entonces la Iglesia Católica le morfó al Estado paraguayo 1.500 hectáreas", acotó.
Actualmente Tupãsy Estancia no está siendo explotada por la Diócesis de Caacupé. La misma la arrienda un ganadero caacupeño de nombre Peter Kennedy. El arrendatario estaría pagando una suma a la diócesis por las tierras. En el lugar el mismo posee alrededor de 500 cabezas de ganado.
"Es una estancia que nosotros hemos alquilado. No estamos manejando de forma directa esa estancia", dijo el obispo Giménez.