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TAVA’I, Caazapá (Antonio Caballero, corresponsal). El desmonte se constató en el establecimiento ganadero Trociuk, ubicado a unos cinco kilómetros del centro urbano de esta ciudad. Está arrendado por María Cristina Rossato, de origen brasileño, propietaria de la Empresa Agro La Suprema SA.
Nadie supo precisar datos de los propietarios del inmueble, que se encuentra en la zona de la cordillera San Rafael.
La fiscala Karina Escurra ingresó al inmueble mediante una orden de allanamiento otorgada por el juez penal de garantías de San Juan Nepomuceno, César Acosta, a raíz de una denuncia por delito ambiental hecha por funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona). Los intervinientes comprobaron el desmonte de unas 50 hectáreas.
Utilizaron topadoras para arrasar con el monte a fin de preparar parcelas para cultivos de soja y trigo, según los empleados de Agro La Suprema SA.
Una topadora que fue abandonada en la zona de tareas fue incautada por la fiscala Escurra. Además, fueron decomisados dos tractores con palas cargadoras y una retroexcavadora, así como un camión con carreta llena de productos forestales que presumiblemente fueron extraídos del lugar.
La fiscala de medio ambiente, Escurra, dejó como depositario judicial de los elementos incautados a un empleado de la empresa Agro La Suprema SA, identificado como Guido Aguiar. El personal protestó porque el allanamiento se realizó “sin previo aviso porque de lo contrario hubiera cerrado el portón de acceso del establecimiento”.
Otros casos
Los deforestadores se burlan de la Ley 2524 “De prohibición de transformación de bosques a otros usos de la tierra”, conocida como “ley de deforestación cero”, que rige en toda la Región Oriental del Paraguay.
Este nuevo caso de desmonte se suma a otros que involucran a los brasileños Luiz Itimura y Zenir Neiro, que deforestaron cerca de 500 hectáreas en la colonia Apepu, de este distrito. Ambos fueron sometidos a un sumario y sancionados con multa por la Secretaría del Ambiente (Seam) y por el Instituto Forestal Nacional (Infona).
En el caso de Itimura, la Seam le aplicó una multa de G. 24 millones y el Infona unos G. 20 millones. En tanto que el proceso judicial terminó con una suspensión condicional con la donación de 10.000 plantines a la organización WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y la compra de servicios ambientales de Naturaleza Pura. Esta donación nunca se concretó, según la oenegé.
Otro caso de desmonte se registró en la compañía Dolores del distrito de 3 de Mayo. En la zona, inmigrantes brasileños arrasaron con el bosque natural de la estancia de Waldin Lucion.