Cargando...
La Contraloría se instala en la Gobernación de Central
AREGUÁ (Arnaldo Espínola, corresponsal). Un equipo de la Contraloría General de la República (CGR) se instaló en la Gobernación de Central, administrada por Blas Lanzoni (PLRA), para el relevamiento de datos referentes a la actualización de declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de los 180 funcionarios que componen del plantel de la institución pública. El director de Recursos Humanos, Marcelo Salinas, dijo que los funcionarios tienen tiempo para presentar su declaración jurada hasta el lunes 22 de setiembre.
Salinas estima que para mañana viernes ya estarían completando la planilla de todos los que forman parte del plantel.
La Contraloría comisionó a tres de sus técnicos a la sede de la Gobernación de manera de facilitar el trabajo, explicó.
Salinas aclaró que la institución cuenta en total con 180 funcionarios, incluyendo al ejecutivo departamental y a los concejales departamentales.
El gobernador percibe por mes G. 27.591.400 en concepto de salario más gastos de representación, mientras que cada uno de los 21 concejales tiene una dieta de G. 7.500.000.
Nómina de ediles
La Junta Departamental está integrada por los colorados José Barreto, Florencio Cantero, Justo M. Marecos, Jorge Becker, Mario Manuel Caballero, Carlos Saldívar, Juan P. Medina, Juan Carlos Fretes, Roberto Brítez y Carmen Acosta. También los liberales Jorge Rolón, Mario Aguilera, Édgar Castellano, Atilio López, Juan Pablo Irún, Carolina Aranda, Camilo Arrúa y Pedro Centurión.
Silvia Mendieta (Avanza País ) y por Unace, Gustavo Machuca.
La CGR aclaró que el calendario de actualización aprobado por resolución 607 no resulta aplicable a todo nuevo ingreso que se produzca para prestar servicios en entidades, instituciones u organismos mencionados en el Art. 1 de la Ley 5033/13.
Agrega que esos servidores públicos se encuentran obligados a la presentación de la declaración jurada en el plazo de 15 días de producirse el evento. Indica que de igual forma deberán proceder a cumplir la legislación aquellos que cesaren en sus funciones como servidores públicos.