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CAPIIBARY, Dpto. de San Pedro (Sergio Escobar Rober, corresponsal). La estancia Panambí abarca las compañías Tapiracuãi Loma y Añaretãngue de este distrito y cuenta unas 5.000 hectáreas. Limita con el municipio de San Joaquín, Dpto. de Caaguazú.
El procedimiento de desalojo se realizó con apoyo de unos 350 efectivos policiales en horas de la mañana. Estuvo a cargo de los fiscales Alfredo Mieres, María Luján Estigarribia y el jefe de Orden y Seguridad del departamento San Pedro, comisario Luis Mareco.
Al principio, la comitiva ingresó al terreno con el objetivo de detener a los ocupantes ilegales. Sin embargo, no pudo ubicar a ninguna persona en el sitio.
Los representantes del Ministerio Público ordenaron la destrucción total de unas 400 casas que fueron construidas en las distintas áreas de la propiedad. El desmantelamiento de las casas –algunas precarias y otras construidas con material cocido– estuvo a cargo de peones del establecimiento ganadero, acompañados por efectivos de la Policía.
Durante el recorrido por la finca se pudo observar una buena cantidad de cultivos agrícolas de autoconsumo establecidos por los campesinos. Los autodenominados “sintierra” estuvieron alrededor de un año en el terreno.
La propiedad
Según Gustavo de Gásperi, la tierra en conflicto corresponde legítimamente a su familia, de acuerdo a lo que consta en el documento enviado por funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Pero, los campesinos insisten en que pertenece al ente agrario, según un plano con que cuentan.
“Esta tierra corresponde a mi familia y por eso estamos luchando desde hace más de un año para poder recuperar nuestras tierras que nos fueron sacadas a la fuerza por estos campesinos. Al comienzo el Indert había informado que la fracción ocupada era propiedad de la institución, pero después se confirmó que la parte invadida nos pertenece legalmente”, dijo De Gásperi.
Operativo
El fiscal Alfredo Mieres, uno de los funcionarios que encabezaron el operativo, dijo que el Ministerio Público actuó con base en la ley y de acuerdo a los documentos presentados por los denunciantes. Señaló que los ocupantes ilegales deben comprender que cuando existe un documento respaldatorio en favor del recurrente, la fiscalía no puede desentenderse.
Enriqueta González, una de las integrantes de la organización, expresó su desacuerdo con la actuación de la comitiva. La mujer aseguró que retornarán a la propiedad apenas se retiren los intervinientes.