Denuncian venta de terrenos de una propiedad privada

VILLETA (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Ocupantes del asentamiento 24 de Agosto, ubicado en la compañía Naranjaisy de este distrito, denunciaron supuestas maniobras dolosas de los integrantes de la comisión directiva. Mencionó la venta y reventa de las parcelas de la propiedad ocupada que aún es privada.

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Según la denuncia, la agrupación vecinal, encabezada por Luis Martínez, vende los terrenos por montos desde 500.000 hasta 1 millón de guaraníes. Muchos compran hasta dos a tres lotes, como si se tratase de una inmobiliaria, indicaron.

La propiedad ocupada pertenece a Ida Vda. de Rolón y tendría unas 20 hectáreas. Actualmente se realizan trámites ante la Secretaría de Acción Social (SAS) para la compra del inmueble.

“El presidente vende los terrenos como si fueran de él y los precios varían de acuerdo a la cara del cliente. Se ofertan desde 500.000 guaraníes y además se obliga a ocupar inmediatamente o de lo contrario lo vuelven a comercializar”, coincidieron en denunciar Carmelo López y Julio Pesoa.

Denunciaron además que en el asentamiento fue habilitada una aguatera que surte del vital líquido a los lugareños, sin ningún tipo de control de parte del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN). Argumentaron que la entidad de servicios, propiedad de Sebastián Cubas, cobra 400.000 guaraníes por la conexión y 20.000 guaraníes por el consumo, pero casi nunca tienen agua y que tienen que almacenar para usar.

Por su lado, Faustino Brítez mencionó que compró dos lotes por 1 millón de guaraníes de Martínez y que por falta de recursos no puede ocupar la propiedad. Ahora le comunicaron que ya vendieron de nuevo.

“Yo compré dos lotes e invertí todo lo que tenía para limpiar y cercar, pero no pude construir aún nada. Ahora me informan que de nuevo fue vendido; es injusto lo que hace la comisión con los ocupantes”, expresó Brítez.

Por su parte, Eulogio Alfonso comentó que se negó a pagar por la parcela que utiliza y que recibe constantes amenazas de los integrantes de la “comisión de desalojo”.

A su turno, Cubas negó que se esté cobrando por la conexión para el suministro del vital líquido e indicó que la comisión administra la aguatera. Sin embargo, el presidente de la agrupación vecinal, Luis Martínez, lo contradijo y aseguró que se cobra 350.000 por la instalación de cañerías.

Martínez negó que estén vendiendo parcelas en el asentamiento y aseguró que muchas veces los propios ocupantes venden los terrenos que se les asignan para recuperar sus inversiones. Indicó que las denuncias tienen trasfondo político. “La comisión no vende nada y la aguatera es privada, que se creó para tener agua en la zona. Es solo un grupo de vecinos que responden al exintendente, Carlos Rojas, el que busca dividir a la población, pero contamos con todos los documentos que avalan la buena gestión”, expresó Martínez.

Actualmente, están realizando instalaciones para conexión al servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que según Martínez es con la anuencia de la propietaria.

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