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VILLA HAYES, Dpto. de Presidente Hayes (Juan Jara, corresponsal). La nueva denuncia de hechos punibles presentada por la Contraloría General de la República (CGR) en la Fiscalía General del Estado señala que se pudieron verificar varias órdenes de pago emitidas por la Gobernación de Presidente Hayes, todas firmadas por el exjefe departamental colorado, Óscar “Ñoño” Núñez, y la secretaria de Administración y Finanzas, Nancy Genoveva Núñez de Roussillón.
Durante la auditoría realizada por el ente contralor, fueron seleccionados las órdenes de pago a la empresa La Aromita SA, Importadora & Exportadora, representada por Cecilio Estigarribia. Esta distribuidora -según la Gobernación de Presidente Hayes- en el 2011 recibió un monto superior a G. 800 millones, distribuidos en unas diez facturas de diferentes sumas de dinero, por la adquisición de diferentes mercaderías.
Entre las compras realizadas supuestamente figuran alimentos, gasoíl y otros. Sin embargo, mediante un cruzamiento de datos y una entrevista realizada por la CGR al representante de la empresa beneficiada con los millonarios pagos, Cecilio Estigarribia, se pudo corroborar la irregularidad.
Solamente una factura, la N° 002-001-0001701, por un monto de G. 7.922.409, fue reconocida por la citada distribuidora, cuya dirección es Nazareth 1157 casi Pilar, en Asunción. Las demás, por más de G. 800 millones, según “La Aromita SA”, no fueron emitidas en el lugar.
El ente contralor presume que las documentaciones presentadas por la jefatura departamental, encabezada en ese entonces por Óscar “Ñoño” Núñez, fueron falsificadas para tapar una “tragada” de fondos públicos. El dinero debió ser destinado a los niños de Presidente Hayes.
Este hecho causó un nuevo grave daño patrimonial a la Gobernación del XV departamento.
Más de 2.000 millones
Este nuevo daño patrimonial contra la Gobernación de Presidente Hayes se suma a los 1.500 millones denunciados en diciembre de 2012 por el ente contralor en la fiscalía. Este caso involucró al exjefe departamental, Óscar “Ñoño” Núñez (ANR), y la Asociación Chaco Digital.
Con ambos reportes de faltante de la CGR, el perjuicio económico contra la institución supera los G. 2.300 millones.
La investigación de la primera denuncia fue derivada al entonces fiscal de Villa Hayes, Carlos Rojas, quien se apartó el caso. El agente del Ministerio Público fue asignado a la unidad especializada de delitos ambientales y el expediente quedó “flotando” a raíz de los cambios hechos en la fiscalía.
“Persecución política”
Óscar “Ñoño” Núñez, quien al acceder a un escaño en la Cámara de Diputados en abril próximo logrará inmunidad parlamentaria, dijo que las denuncias presentadas por la CGR forman parte de una persecución política, orquestada por el Unace. Sostuvo que está tranquilo en lo que respecta a los resultados de su administración y que nada tiene que esconder.