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Según la denuncia, la letrada amenaza con iniciar juicio ejecutivo y trabar embargo sobre los terrenos hasta cubrir las costas del trámite y la regulación de honorarios de los abogados.
Los afectados aseguraron que varios de los antiguos pobladores ya cancelaron sus deudas por los lotes ocupados, pero pese a ello el ente agrario jamás entregó títulos definitivos.
Recalcaron que otros labriegos adquirieron los predios de los primeros beneficiarios, que solamente pagaron una parte y cuyos intereses moratorios superan ampliamente al monto establecido por el Indert.
En ese sentido, los lugareños resaltaron que muchos apenas pudieron pagar los intereses compensatorios acumulados y no así por los lotes que ocupan. Admitieron que otras familias prefieren evitar el pago, debido a la poca seriedad de los funcionarios asignados en la oficina regional del Indert.
Honorarios caros
Según el colono Francisco Barreto Cabral, en fecha 21 de febrero pagó la cuota 2/7, 3/7 y a cuenta de 4/7 del lote N° 10, manzana E de 9 hectáreas, G. 1.230.780, por lo cual le dieron un recibo de dinero N° 103463 con membrete del Indert y firmado por la abogada Blanca Rita Arias Barrios.
Sin embargo, en la misma fecha el labriego pagó a Arias Barrios G. 1.569.220 en concepto de honorarios profesionales. Es decir, 338.440 guaraníes más que el monto acreditado a favor del Indert como pago por el mismísimo lote. La profesional expidió la factura N° 00185.
La abogada Arias Barrios, admitió que el monto cobrado corresponde al 10 por ciento del monto adeudado y acumulado por cada caso. Aseveró que se les está dando la posibilidad a los ocupantes de cancelar sus deudas vencidas hace 7 u 8 años. Dijo que los comisionistas son abogados particulares contratados por el actual titular de la institución.
Según dijo el presidente del Indert, Luis Ignacio Ortigoza, la citada mujer sería integrante del equipo de notificadores contratado por su administración.
Mencionó que el ente agrario recurrió a ese mecanismo ante el riesgo de que prescriban los pagarés obrantes en poder de la institución firmados por los campesinos al momento de recibir sus títulos provisorios.
El funcionario admitió que “se le fue la mano” a la notificadora, pero aseveró que el monto en concepto de honorario debe ser siempre mucho menor al del pago por cada lote. Recalcó que investigará el caso y de comprobarse la irregularidad, la responsable podría afrontar sanciones administrativas.