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En la mañana de ayer, el Abog. Carlos Daniel Alarcón presentó ante la fiscalía general del Estado una denuncia contra el comandante de la Policía Nacional, comisario general Pastor Alvarenga Núñez, por desacato de mandato judicial.
La acusación incluyó también al comisario Gerardo Sosa, comandante departamental de Itapúa, y el comisario Eladio Sanabria, director de asuntos jurídicos de la Policía Nacional.
Según expresa el documento entregado ante el Ministerio Público, los tres oficiales superiores de la Policía Nacional son responsables de los siguientes delitos: mal desempeño de funciones, parcialidad manifiesta, desviamiento en el cumplimiento de sus deberes, ignorancia de las leyes, desacato y prevaricato.
En el caso de los comisarios Pastor Alvarenga Núñez y Gerardo Sosa, se negaron a cumplir la orden judicial emitida por el juez Rafael Jacobo, de Santa Rita, de embargar cuatro mil toneladas de soja cultivadas en forma ilegal en la propiedad de la familia Eisen, en el distrito de Mayor Otaño, Itapúa.
El comisario Eladio Sanabria, por su parte, inició una serie de consultas jurídicas en procura de dilatar el cumplimiento de la orden judicial.
Prueba de ello es la pregunta que realizó ante la Corte Suprema de Justicia sobre procedimiento ante la existencia de dos órdenes de embargo sobre la misma cosecha de grano, emitidas por dos juzgados diferentes.
La Corte Suprema de Justicia respondió que la primera orden de embargo es de cumplimiento obligatorio.
Raro que algo tan básico del derecho desconozca el asesor jurídico de la Policía Nacional, comisario Eladio Sanabria.
Iniciar investigación
El Abog. Carlos Daniel Alarcón pidió el inicio de una investigación fiscal de los tres oficiales de la Policía Nacional a fin de determinar responsabilidades en el desacato de la orden.
Es oportuno recordar que la Ley 4711/12 establece una condena penitenciaria de hasta cinco años en casos de desacato a un mandato judicial, pena a la cual se exponen los oficiales policiales.
El pasado 6 de febrero, el juez Rafael Jacobo ordenó el embargo de cuatro mil toneladas de soja, la notificación fue enviada tanto a la jefatura de policía departamental en Itapúa como a la Comandancia de la Policía Nacional.
No se cumplió el mandato.
El 12 de febrero se reiteró la orden e inclusive se envío un oficio con la advertencia de solicitar al Ministerio Público una investigación penal por desacato.
Ninguna de las órdenes del juez Jacobo se cumplieron.
Este es el momento en que la Policía Nacional no procede al embargo de la soja cultivada por Agro Nikas SA en la propiedad de la familia Eisen, usurpando una propiedad ajena.
Violación del embargo
En la siesta del domingo, un vehículo de Agro Nikas SA intento evadir al oficial de justicia instalado en el portón de la propiedad de los Eisen.
Para ello, se construyó a los apurones un sendero auxiliar en el fondo del establecimiento de 1,742 hectáreas a fin de unir a un camino vecinal y así evadir al oficial de justicia.
El camión con la soja logró salir, pero los propios vecinos alertaron de la situación al oficial de justicia y así se inició una persecución en procura de detenerlo.
Capangas instalados dentro de la propiedad intentaron detener a la comitiva e inclusive efectuaron disparos, pero la persecución y los disparos obligaron a los policiales allí instalados a intervenir.
Al final, el camión no logró evadir al oficial de justicia y quedó demorado a cargo de efectivos policiales.
roque@abc.com.py