Denuncian a jueza de CDE ante la Corte Suprema

La jueza Máxima Meza de Maldonado fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto prevaricato. La acusación se relaciona con una acción de interdicto planteada por Enrique Sarubbi. La jueza desalojo a legítimos propietarios de un inmueble en Minga Guazú.

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La abogada Máxima Meza de Maldonado, jueza de primera instancia en lo civil y comercial del primer turno de Ciudad del Este, fue denunciada por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia.

La acusación fue planteada por la abogada Teresa Flecha, representante jurídico de la firma Inmobiliaria HB SA.

La jueza Máxima Meza de Maldonado ordenó el desalojo de la Inmobiliaria HB SA de un inmueble ubicado en Minga Guazú, Alto Paraná.

La firma cuenta con la documentación que acredita tanto la posesión como la titularidad del inmueble; sin embargo, la jueza Máxima Meza de Maldonado admitió una acción de interdicto y ordenó el desalojo de la propietaria.

El inmueble se entregó a Enrique “Kike” Sarubbi quien logró un título de propiedad judicial luego de demandar en el año 2013 a su suegro, Francisco Feliciano Duarte, quien murió en el 2000.

El título de propiedad de Sarubbi es resultado de una estafa procesal y la jueza Máxima Meza Maldonado le entregó la posesión de una finca valuada en ocho millones de dólares sin que haya demostrado derechos de posesión.

La abogada Teresa Flecha solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura de un sumario administrativo a la magistrada así como la separación del cargo.

Igualmente pidió que mientras se lleva a cabo la investigación la jueza Máxima Meza de Maldonado sea separada del cargo.

Una denuncia similar se presentó ante el Ministerio Público sin que hasta la fecha el fiscal Elvio Aguilera haya iniciado los trámites para presentar el acta de imputación.

El fiscal Aguilera menciona el título de propiedad judicial de Enrique Sarubbi como un factor que favorece a la jueza Meza de Maldonado.

Este argumento no se ajusta a la verdad dado que la acción de interdicto discute posesión, no la titularidad.

A esto hay que agregar que la jueza ordenó el desalojo de los propietarios sin admitir los documentos que prueban posesión.

roque@abc.com.py

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