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El brote de brucelosis ocurrió en el año 2017 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Prantte indicó que según el código civil, las anteriores autoridades de la FCV tienen la obligación por el perjuicio causado en concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, que soporta su cliente.
Dijo que su representado tiene 17 años de antigüedad en la FCV y le faltan muchos años para jubilarse, pero debido a la enfermedad que contrajo –que le produce desgano y hemorragias– ya no puede trabajar. Explicó que en virtud de que los funcionarios de la UNA no tienen posibilidad de un retiro anticipado por incapacidad, plantean la demanda civil que podría llegar a los 1.000 millones, sumando los salarios que debe recibir hasta jubilarse, el plus de gastos por cuidado especial de su salud que debe llevar, daño emergente, entre otros.
Acotó que no será necesario probar la responsabilidad de la exdecana, Dra. Azucena Cabrera, ni del jefe de la División Caprinos, Dr. Carlos Espínola, porque ya en un juicio abreviado por comercialización de leche contaminada, reconocieron su culpa.